La ley que se anuncia para prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados nos situará en un contexto homologable al de la mayoría de países europeos avanzados, donde hace ya muchos años que no se fuma en bares, oficinas, talleres o fábricas (no digamos ya en escuelas u hospitales). Me pongo la venda antes de la herida y afirmo que no me gusta nada el tabaco, pero sí respeto mucho a la gente que fuma y a la que no fuma (faltaría más). Este matiz es importante.
El fundamental argumento es el problema de salud pública que supone el tabaco, fuente de numerosas enfermedades y causa directa de miles de muertes cada año. Pero el tabaco, además, provoca «daños colaterales». El humo del cigarro del señor J. molesta a la señora V. que está a su lado y contribuye a generar un ambiente insano. Se produce un efecto externo negativo, como solemos decir los economistas.
Veamos ahora otras variantes del asunto, propias de la teoría de la democracia. Para empezar, sabemos que las personas no fumadoras son mayoría frente a las que fuman, como mínimo en proporción de 2 a 1. Pues bien, en el ámbito político y en nuestro entorno más cercano, esto se olvida a menudo. Para el Gobierno, puede haber un cierto coste electoral derivado, pero también un beneficio político que no debe menospreciar.
Pensemos ahora en nuestro grupo de amistades y en la decisión de ir a un bar donde se permita fumar, frente a otro donde el aire está limpio. ¿No es verdad que casi siempre pesa más la opinión de la minoría fumadora? ¿Es esto justo? ¿Quién es más tolerante? Cada uno que conteste lo que crea desde su propia experiencia.
Me parece que la ley que se anuncia tampoco recorta libertades, como algunos dicen. Quien quiera seguir fumando, podrá seguir haciéndolo, como es natural, pero lo hará sin molestar. Lo que sí se garantizará es el derecho a poder respirar en ciertos ambientes donde conviven personas que fuman con una mayoría que no quiere tragar humo de forma pasiva.
Y hablando de libertad individual, ¿por qué con la ley actual las personas que trabajan en la hostelería son las únicas forzadas a fumar pasivamente? ¿No es un bar también un centro de trabajo como otra empresa cualquiera? ¿No tiene los mismos derechos el ciudadano-camarero que el ciudadano-oficinista?
Lo que tiene muy poca defensa es la mera insinuación de objetar a esta nueva ley o de declararse en rebeldía. Por desgracia, conocemos ejemplos entre personas, negocios y hasta algunos gobiernos autonómicos, tanto en esta materia como en otras. No podemos juzgar como deseable esta conducta, incompatible con el Estado de derecho. Las leyes, nos gusten o no, están para cumplirlas, con independencia de que podamos reclamar ante los tribunales cuando creemos que algo es injusto. Por ese camino de deslealtad, alguien podría objetar a las leyes medioambientales para seguir contaminando y otro querría saltarse el Código de Circulación porque le gusta conducir a velocidades extremas.
Desde un enfoque económico, se alega que la prohibición de fumar en los locales cerrados obligará a clausurar negocios de hostelería y generará paro en el sector. Mi percepción es la contraria. Ahora hay mucha gente que no acude a cafeterías o restaurantes porque el ambiente es irrespirable (por ejemplo, personas con problemas de salud o madres y padres con bebés).
Si no se permite fumar en ningún sitio cerrado, habrá equidad en la norma, algo que no ocurre ahora. En principio, los negocios de hostelería podrían conservar y hasta incrementar su clientela, dependiendo de la calidad que ofrezcan y no del tabaco. Salvo que en el fondo tengamos un punto masoquista que nos lleve a abandonar masivamente los bares cuando en ellos se pueda respirar mejor.
Es importante remarcar que la nueva ley no debe castigar a quienes han cumplido la normativa actual, es decir, a esos locales que han hecho reformas (no muchos, por cierto) y lo pueden acreditar. Lo óptimo sería compensarles con alguna subvención o desgravación fiscal que, a su vez, el Gobierno podría financiar con mayores impuestos sobre el tabaco.
Solemos ser bastante críticos con algunas decisiones de los gobiernos, pero no mostramos el mismo entusiasmo a la hora de apoyar las medidas que nos parecen adecuadas. Sobre la ley antitabaco se escuchan muchas voces en contra, pero muy pocas a favor, a pesar de la «mayoría silenciosa» que apoya la medida (lo dicen las encuestas de opinión, no yo). La nueva ley puede ser buena en términos de derechos de ciudadanía, económicos y de cultura democrática. Sólo una pega: debería haberse aprobado antes.
Publicado en El Comercio el 14 de febrero de 2010.
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