El sábado pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sacaba una nota de prensa en la que alertaba, refiriéndose a Asturias, de que "la situación de Gobierno en funciones existente en esa Comunidad impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria" (sic).
En otras palabras, aunque sin nombrarlo, se culpa a Álvarez-Cascos de la inestabilidad política, la parálisis presupuestaria y el retardo en la formación del nuevo gobierno autonómico. Ahí es nada. Y se hace, por cierto, mediante escueta nota de prensa, un instrumento cada vez más habitual en la política española y asturiana.
El Principado de Asturias era hasta 2011 y, con todo, lo sigue siendo, una de las comunidades autónomas con mejores ratios de deuda. Esto hay que decirlo bien alto y bien claro. Estamos por debajo de la media y a años luz de los niveles de endeudamiento de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o de ayuntamientos como el de Madrid. Por tanto, parece claro que no estamos para nada en riesgo de insostenibilidad.
En este contexto, hablar siquiera de una intervención o de una tutela estatal de las cuentas autonómicas es una frivolidad peligrosísima. Desde hoy, gracias a Montoro, Álvarez-Cascos y Rajoy, Asturias pagará una prima de riesgo mayor. O sea, más intereses por nuestra deuda, menos dinero disponible para otros gastos y una hipoteca mayor para el gobierno entrante.
Podría parecer que en realidad el Gobierno del España le está diciendo “algo” al PP de Asturias, no sé qué exactamente, pero “algo” para que deshaga de una vez el nudo gordiano de la Junta General del Principado de Asturias. A mi juicio, el “intervenido” podría ser el propio PP de Asturias, no la Comunidad Autónoma. Pero esa es otra historia y tiene más que ver con que el PP y Álvarez-Cascos nunca han tenido complejos en usar las instituciones para dirimir sus peleas internas.
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