viernes, 25 de octubre de 2013

Decálogo de seis preguntas sobre el mundo local

Tribuna de opinión de Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio (Ex presidente del Principado de Asturias y Miembro Numerario Permanente del RIDEA) y yo mismo, hoy en La Nueva España. Sin duda, para mí un honor compartir firma con alguien de tanta calidad humana y con tanto conocimiento científico y político.



Con ese título acaba de publicar el RIDEA un libro colectivo, del que quienes firman este artículo son coordinadores y en el que muchos de los expertos con mayor conocimiento del régimen local español analizan críticamente la situación actual y las perspectivas de los ayuntamientos en el marco de la actual crisis económica, con especial atención al caso asturiano.

La misión natural del RIDEA o, mejor aún, su obligación como Instituto de Estudios Asturianos, es analizar cuanto ha ocurrido y ocurre en Asturias, huyendo de apriorismos ideológicos y partidistas, así como de cualquier tipo de «línea roja».

La libertad e independencia de criterio y la pluralidad de opiniones que caracterizan los debates del RIDEA permiten examinar con objetividad y rigor las problemáticas de todo tipo que afectan a Asturias y a los asturianos, con la pretensión siempre de contribuir a mejorar la calidad del debate en Asturias y desde Asturias, aportando algo tan escaso en esta región como son ideas, especialmente sobre temas que objetivamente tienen interés para la ciudadanía, al margen de que por las razones que sean, en su mayor parte derivadas del más descarnado oportunismo partidista, estén ausentes de la agenda política e institucional regional, como ocurre, justamente, con la situación y las perspectivas del régimen local.

La reforma local es necesaria desde hace años, pero resulta ineludible tras el impacto de la crisis política, económica, institucional y moral en la que estamos. El libro llega como elemento de reflexión en pleno debate social sobre el modelo de Estado que queremos y que podemos pagarnos. Llega también cuando las Cortes Generales debaten el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tras un largo peregrinaje de anteproyectos y dictámenes. Y llega, en fin, a medio camino entre dos convocatorias electorales municipales, lo cual puede mitigar algunas opiniones exaltadas (aunque esto último está por ver) y partidarias del no hacer nunca nada y mantener a toda costa, que es ya mucha, el statu quo.

Resulta una obviedad afirmar que no estamos en un momento cualquiera de nuestra historia democrática. Coinciden la triple quiebra de un modelo, económico, territorial e institucional, cuyas respectivas esencias están más cuestionadas que nunca. Conscientes de este panorama, en el RIDEA nos hemos guiado por motivaciones relativas a costes, ingresos, eficacia, eficiencia, regeneración democrática y ­por qué no decirlo­ de una nueva moral pública contra el caciquismo, el clientelismo, así como contra las corruptelas y la corrupción, cuya realidad han puesto y ponen de manifiesto los medios de comunicación y la actividad de los juzgados en toda España y, también, obviamente, en Asturias.

Frente al empuje de las comunidades autónomas y la cesión de parcelas importantes de la soberanía nacional a la Unión Europea, el mundo local ha gestado una crisis multiforme sobre cuatro ejes: un desordenado mapa municipal, unas ineficientes estructuras de gobierno y administración, unas difusas competencias locales y un insuficiente y rígido sistema de financiación. Sobre todo esto, cabe formular varias preguntas abiertas.

1. ¿Es posible seguir hablando de «un» régimen local mientras coexisten, incluso en Asturias, municipios ínfimos con grandes ciudades y una enorme amalgama en el medio? Si la respuesta es negativa, entonces habría que plantearse cuántos regímenes diferentes se deberían establecer, pero sin llegar al absurdo de un sistema «a la carta».

2. ¿Qué papel deben jugar las comunidades autónomas?
Parece que uno mucho más activo, adaptando sus respectivas normativas a las peculiaridades de cada territorio. Lo que no parece sostenible es la pervivencia de un mapa municipal del siglo XIX y de un régimen provincial propio de un Estado centralista, no de un Estado de las autonomías.

3. ¿Qué es un municipio? (La pregunta no es retórica). Ante todo es una Administración pública y, como tal, debe disponer de autogobierno democrático (poder político), capacidad de prestación de servicios (poder de gasto) y autonomía para la generación de recursos propios (poder fiscal). Cuando todo esto se contrapone con un vago sentimiento identitario o una ilusión de «cercanía», se está obviando que un pueblo, una parroquia o un barrio puede perfectamente preservar sus singularidades formando parte de otras entidades administrativas superiores. Concejos bien dotados, antes que debilitar la autonomía municipal, la reforzarían, redundando en última instancia en mejores servicios.

4. ¿Hay que reducir el tamaño del sector público local? En todo caso, depende del alcance que se quiera dar al sector público en su conjunto y del reparto competencial y de recursos entre niveles de gobierno. Lo que sí se hace ineludible es una racionalización de estructuras, exportando las fórmulas de gestión que funcionen bien ­en Asturias hay varios ejemplos­ y asumiendo sin dogmas las mejores entre ellas, sean públicas, privadas o mixtas, y dejando de lado las que han dejado ya rastro sobrado de su ineficacia.

5. ¿Resulta operativo el modelo de financiación local? Antes habría que formularse una pregunta previa, cuya respuesta ­negativa­ ya conocemos: ¿tiene sentido el sistema fiscal español, pergeñado en los años de la Transición? En el ámbito local se sigue dependiendo demasiado de las transferencias recibidas y de los ingresos urbanísticos, pero muy poco de las grandes figuras tributarias. Sin un modelo de ingresos públicos suficientes, basado en impuestos equitativos y eficientes, no es posible abordar una modificación de la financiación local. En definitiva, se requiere una profunda reforma tributaria y un sincero ejercicio de lealtad institucional.

6. ¿Hay margen en Asturias para un impulso democrático en el ámbito local? Sí. Y, además, resulta ineludible. Se deben introducir nuevas fórmulas de representación, debatiendo sobre la idoneidad de la elección popular directa en las alcaldías, reordenando la composición y las competencias de los plenos municipales, profesionalizando y garantizando la independencia de los cuadros gestores, luchando contra la corrupción, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, fiscalizando la gestión y organizando de forma sostenible el urbanismo. En síntesis, corrigiendo los actuales problemas de representatividad, gestión y control.

El Estatuto de Autonomía habilita para ello si quienes están presentes en las instituciones que gobiernan y que legislan tienen voluntad política, capacidad de entendimiento y criterio seguro sobre cuáles son y deberían ser las prioridades políticas que pueden afectar en positivo a los ciudadanos.

En definitiva, ellos son los que tienen la palabra.


Publicado en La Nueva España el 25 de octubre de 2013


miércoles, 23 de octubre de 2013

Tesis doctoral en Salamanca

De izquierda a derecha: Pilar Jiménez Rius (Tribunal de Cuentas de España), Mario Cesar Barreto Moraes (Universidade do Estado de Santa Catarina), Nicolás Rodríguez García (Universidad de Salamanca), José Antonio Chamorro y Zarza (Universidad de Salamanca) y yo mismo.
Hoy participé como miembro-secretario del tribunal que evaluó la tesis doctoral de Salomão Antonio Ribas Júnior, en el Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la querida Universidad de Salamanca. Se trata de un trabajo multidisplinar que aborda el fenómeno de la corrupción desde diferentes puntos de vista (jurídico, ético, sociológico y económico) y que lleva por título Corrupción pública y privada. Cuatro aspectos: ética en el servicio público, contratos, financiación electoral y control.

No se trata de una tesis más. El doctorando -ahora ya Doctor por la Universidad de Salamanca- es una persona que ha trabajado toda su vida profesional por una Administración Pública eficiente y con empleados públicos dotados de una virtud suprema: la probidad. Lo ha hecho Salomão desde diferentes responsabilidades, pero sobre todo desde los tribunales de cuentas de Brasil.

Mención especial también para el director de la tesis, Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y, desde 2011, Consejero de Administración Pública de Extremadura.

Y no me olvido de dar las gracias al próximo doctor por la Universidad de Salamanca, quien además conoce muy bien "la casa" por haber ocupado diferentes responsabilidades directivas en la institución académica, incluida la de Gerente en 2002 y 2003: Antonio Arias Rodríguez.

 

martes, 22 de octubre de 2013

Impuestos y competitividad

FOTO: Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas.

Organizado por la Fundación Impuestos y Competitividad, acabo de tener el placer de participar en una jornada profesional sobre los condicionantes esenciales de la reforma del sistema tributario español, dentro del ciclo "La reforma del sistema tributario: su análisis desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad". El acto se celebró en la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, como marco técnico de reflexión ante la reforma tributaria que se anuncia para 2014. A mí me tocó hablar de los condicionantes territoriales de la reforma tributaria, en lo que respecta a la fiscalidad autonómica y local.

El siguiente resumen es el de la propia Universidad Pontificia de Comillas. También el diario Cinco Días reseñó el acto aquí y, por último, la crónica de Lawyerpress está aquí.

De izquierda a derecha: Federico Linares García de Cosío (EY Abogados), Juan López Rodríguez (Comisión Europea), Pilar González de Frutos (CEOE), Miguez Cruz Amorós (PwC), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), yo mismo y Ricardo Gómez-Barreda (Garrigues). FOTO: Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas.

César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, comenzó la mañana con una ponencia sobre el marco internacional y el equilibrio entre la consolidación fiscal y la competencia fiscal internacional. A su juicio, la reforma debe tener en cuenta tanto el denominado soft law, o derecho blando nacido de las aportaciones de las organizaciones internacionales, como la competencia fiscal internacional. En el ámbito fiscal y tributario, el componente internacional afecta sobre todo a las empresas, por lo que este experto defendió que, si lo que se pretende es fomentar la internacionalización de las compañías españolas y no perturbar la inversión internacional en España, la reforma debe tener en cuenta cuestiones como el derecho a la planificación fiscal lícita en la creación de filiales y sucursales, el tratamiento de las fusiones transfronterizas, la deducción por actividad exportadora, el traslado de factores productivos o la importación de dividendos, entre otros.

La Unión Europea y las exigencias de armonización fiscal y convergencia, como imperativos de la crisis fue el tema tratado por Juan López Rodríguez, inspector de Hacienda del Estado y funcionario de la Dirección General de Impuestos de la Comisión Europea. "Es difícil articular determinados campos jurídicos sin tener en cuenta los principios y valores comunes en el ámbito de la UE", reconoció. La ley estatal debe recoger los principios de la ley general europea, lo que tiene consecuencias en la imposición sobre la renta, el IVA o los impuestos especiales. En este último ámbito sugirió posibles mejoras, como revisar el trato preferencia al diesel, el impuesto de circulación y el impuesto sobre el agua, que calificó de deficiente. Además, apuntó que la imposición patrimonial, especialmente de inmuebles, es menos nociva para el sistema.

Roberto Fernández Llera, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, se aproximó a la reforma tributaria desde la estructura territorial del Estado, analizando la fiscalidad autonómica y local. "Tenemos que hablar de un desequilibro fiscal vertical: las administraciones territoriales manejan un volumen de gasto que iguala al del Estado, pero el reparto de los ingresos no es el mismo", comenzó. La distribución institucional de la presión fiscal es un aspecto fundamental, ya que hay un reparto desigual. Además, señaló la necesidad de tener en cuenta la opinión pública, en la que existe un gran desconocimiento sobre a quién se pagan los impuestos, por lo que la reforma debe hacer visibles los espacios fiscales de cada una de las administraciones públicas. Lo que debe intentar una buena reforma es cumplir con los requisitos básicos de la imposición óptima, que los impuestos sean visibles y aceptables por los contribuyentes y que, en términos territoriales, haya corresponsabilidad: autonomía, solidaridad, coordinación, suficiencia y lealtad, resumió.

En el debate posterior, moderado por Miguel Cruz, Socio de PwC Tax & Legal Services, se comentaron las ponencias presentadas. "Tengo la sensación de que estamos en un proceso intervenido o vigilado, en el que la idea de reforma viene de la Unión Europea", aseguró el propio Cruz, que se preguntó también cómo valora la UE la presión fiscal diferencial que soportan las personas físicas en España, a través del impuesto sobre las rentas del trabajo. Además planteó la valía de los impuestos indirectos, que hasta ahora han tenido efectos recaudatorios discretos, e hizo un llamamiento para que las pymes, que son mayoría en España, normalicen su situación tributaria.

Federico Linares García de Cosío, Socio Director General de EY Abogados en España y responsable de fiscalidad internacional, dijo haber encontrado propuestas muy interesantes, desde una óptica internacional. Subrayó la recepción del soft law, la bajada de tipos nominales sobre el impuesto de sociedades y los incentivos a la internacionalización de las empresas españolas. No obstante, "lo más importante no es tanto el contenido material de las políticas de fomento de la internacionalización de las empresas españolas, sino la estabilidad normativa, la certeza y la previsibilidad de nuestro sistema tributario". Pidió también una mayor creatividad a la hora de repensar el modelo, que "no puede tener como pilar el aumento de la presión fiscal efectiva de las compañías".

Para Ricardo Gómez-Barreda, Senior Partner de Garrigues, las propuestas presentadas en la jornada contenían todas las preguntas y algunas de las respuestas que debe tener en cuenta la reforma fiscal. Centrado en la organización territorial del Estado, y ante la insostenibilidad de un mapa con 8.000 municipios y 17 comunidades autónomas, señaló la necesidad de crear una "nueva planta". Así mismo, advirtió que los ciudadanos y las empresas no entienden las desigualdades: ?España es un país donde las fronteras están cerquísima y las desigualdades se llevan bastante mal?. Gómez-Barreda no quiso acabar sin una petición para "huir de los inventos", refiriéndose en concreto a los impuestos especiales, que tanto gustan en ciertas autonomías.

Pilar González de Frutos, Vicepresidenta de la CEOE, que participó en el debate y cerró la sesión, señaló que la Comisión Fiscal de la CEOE también está elaborando unos documentos básicos, con la posición de la institución, para trasladarlos al grupo que trabaja en la reforma. Esta posición institucional parte de cuatro condicionantes evidentes: el estado de la economía mundial, la progresiva liberalización y ampliación de mercados mundiales y el movimiento trasnacional de capitales, la evolución diversa de los distintos Estados en el tratamiento de las rentas empresariales y el cambio de actitud de éstos en la recaudación de los tributos y en cuestiones como la transparencia. Según González, la garantía de un determinado nivel de recaudación puede ser una limitación para la reforma, pero es necesario ser creativos para que se contribuya a la competitividad y el crecimiento de las empresas españolas, lo que servirá también para aliviar el desempleo. Se sumó también a la petición de seguridad jurídica y estabilidad normativa, y concluyó afirmando que "la administración central no debe renunciar a su papel central de armonización, coordinación y garante de la unidad de mercado".

Los documentos presentados en la jornada estarán disponibles en la web de la Fundación Impuestos y Competitividad.


miércoles, 16 de octubre de 2013

Empresas públicas y gobiernos en la sombra

Se acaba de publicar el número 205 de la revista Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, editada por el Instituto de Estudios Fiscales, en el cual Marián García Valiñas y yo firmamos un artículo, fruto de una anterior colaboración con el Institut de Economia de Barcelona.

El número, a texto completo, ya está en la página web de la revista. A nuestro PDF se accede desde aquí


Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar las empresas del Sector Público autonómico en España. Ofrecemos una visión general de los recursos de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el marco de la legislación española de estabilidad presupuestaria y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A partir de 2002, ambas normativas imponen restricciones estrictas sobre el endeudamiento de las CCAA. Investigamos las empresas públicas como una alternativa a los mecanismos tradicionales de financiación. Los análisis descriptivos y econométricos confirman nuestra expectativa relativa a la existencia de un "efecto desplazamiento". En un contexto dinámico, se detecta una relación significativa entre la deuda pública y la creación de empresas públicas muestra con el fin de evitar las estrictas normas de financiación.

Abstract
The main objective of this paper consists of analyzing regional public sector enterprises (PSEs) inSpain. We provide a general overview of Autonomous Communities’ (ACs) financial resources inthe context of the Stability and Growth Pact and Budgetary Stability Act. From 2002, such regula-tion imposes stringent constraints on ACs’ indebtedness. We investigate the PSEs as an alternativeto traditional financing mechanisms. Descriptive and econometric analyses confirm our expectationsrelated to this ‘shift effect’. In a dynamic context, a significant link between public debt and the cre-ation of PSEs debt shows that ACs used public enterprises to avoid stringent financial rules.





martes, 15 de octubre de 2013

Reforma local desde Avilés

Ayer presentamos en el edificio de servicios universitarios de Avilés el libro Crisis de los ayuntamientos, crisis de la democracia. Un acto muy agradable, organizado en el marco del Aula de Cultura de La Voz de Avilés, coordinada por Armando Arias (gracias, Armando) y patrocinada por Cafés Toscaf.

Foto: Marieta (La Voz de Avilés)

Además de los dos coordinadores del libro, en la mesa estaba Ramón Rodríguez Álvarez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en uno de sus primeros actos como responsable de la institución y el primero de ellos que se organiza fuera de Oviedo. También estaban entre el público algunos autores que firman capítulos en el libro, como Javier Suárez Pandiello, Marián García Valiñas, Manuel Fueyo Bros, José María Urbano y Antonio de Luis Solar, además del autor del diseño de la portada, el artista y amigo Christian Bartsch Casares.

Nutrida fue también la representación de responsables políticos de la comarca, algunos en activo y otros ya 'en la reserva', pero igualmente 'activos'. Y familia y amigos, por supuesto.

Juan Luis Rodríguez-Vigil y yo mismo hablamos de la crisis como oportunidad para cambiar el mapa local, pero es mejor que sigáis aquí la crónica de Jesús González para La Voz de Avilés y, sobre todo, que leáis el libro