martes, 27 de diciembre de 2016

Cuentos y distopías


Cuando viniste al mundo, en la madrugada del 13 de junio de 2016, el hospital público llevaba sólo unos pocos años en funcionamiento. Era uno de los mejores de España y, por tanto, del mundo. Cualquiera sabía entonces que nuestro país grande y, por supuesto, el pequeño, eran de los mejores lugares para nacer, vivir, convivir e incluso para ponerse enfermo. Creo que hoy, cincuenta años después, lo siguen siendo, aunque no es menos cierto que hasta el mismísimo concepto de país ha quedado desdibujado, frente a unas fronteras que ya sólo están en el cerebro y en los ordenadores. Ya no queda casi nada de aquel mapa político que nos enseñaban en la escuela y, por desgracia, el mapa físico cada vez tiene menos verde y más gris.

Aquel año, una ministra proponía que trabajásemos hasta las 6 de la tarde, sin decir cuándo deberíamos entrar a la oficina o al taller, ni siquiera si nos iban a dejar. Según datos oficiales, era el año del número 19, por los millones de personas que estaban trabajando y por la tasa de paro que, aunque muy repolluda, venía de adelgazar varios kilos, tras el empacho de una crisis muy dura. Sea como sea, lo cierto es que nunca se llegó a nada. Pudieron más dos bares que dos comisiones de estudio. Y todo siguió igual, hasta el momento fatídico.

En Avilés, en Asturias, en España, en Europa, en el mundo entero, asistimos en 2016 a espectáculos insólitos en la política y en el teatro, dos mundillos interconectados, puesto que ambos producían espectáculo, risas y llantos, actores y actrices de efímero éxito y, cómo no, figurones eternos. Ambos escenarios, el político y el teatral, vivieron un cuestionamiento muy severo, frente al mando que ejercía la televisión, en el doble sentido de autoridad y dispositivo de control. Ni Internet, ni el libro electrónico, ni los robots, ni siquiera la extinción de los burros (pobres pollinos), pudieron debilitar la que antes era “caja tonta” y, hoy, cincuenta años después, nos dice cómo y con quién tenemos que comer, dormir o reproducirnos. Incluso a quién votar, si bien es verdad que las elecciones no son lo que eran. Ya no quedan ni urnas; esas sí que son hoy cajas tontas con ranura, frente a poderes reales bastante más organizados y mucho menos democráticos.

Me hubiese gustado darte el mar, como cantaba Joaquín Carbonell. Todo ese mar que sí conoces, pero no lo suficiente. El que durante siglos se utilizó para batallas, pescas y competiciones, donde nos relajábamos o excitábamos en aguas templadas o frías, según el caso. Remanso de felicidad, aunque también fuente de locuras y penas. Y sucedió aquello.

Tienes 50 años y yo camino hacia el final. Los horarios laborales ya no importan ahora, por la sencilla razón de que el trabajo como concepto dejó de existir en ese momento fatídico. De hecho, ya no hay ministras, ni directores generales, ni subsecretarios. ¿Por qué fuimos capaces de consentirlo? ¿Por qué les dejamos hacer? Y sobre todo, ¿qué ganamos con tanta impostura?

Regreso por un instante al momento actual, ahora que el viaje temporal es factible cruzando una vieja puerta de un edificio madrileño. Y lo hago para felicitarte el nuevo año, 2017, uno que ni es bisiesto, ni tiene rima fácil, ni contempla elecciones a la vista, ni árboles por plantar. Y sin embargo, te quiero. Sólo aspiro a que alguien cambie ciertas cosas para no volver atrás. Nos veremos mañana en la meta. O quizás lleguemos antes al momento fatídico. En todo caso, salud. 

Publicado en La Voz de Avilés el 27 de diciembre de 2016
 

lunes, 5 de diciembre de 2016

Financiación mediterránea

http://www.publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/mediterraneo-economico-30-financiacion-autonomica-problemas-del-modelo-y-propuestas-de-reforma/

El debate sobre la reforma de la financiación autonómica parece que, ahora sí, por fin, viene en serio, tras varios años de intencionado retraso. En este aspecto, aunque el acuerdo ha de ser necesariamente político, es fundamental contar con buenas bases técnicas que fundamenten la discusión.

El número monográfico de la revista Mediterráneo Económico (30, 2016), editado por Cajamar Caja Rural y coordinado por Julio López Laborda y Ángel de la Fuente, sale con el objetivo de aportar rigor. Ahí están todos los temas relevantes. Mi aportación se titula "El encaje entre financiación autonómica y estabilidad presupuestaria en torno a la coordinación y la planificación":

RESUMEN
En el trabajo se analiza la deseable conexión que se debe producir entre el sistema de financiación autonómica y la normativa de estabilidad presupuestaria, en el contexto de la consolidación fiscal. Se ensalza el decisivo –y poco desplegado– papel del principio de coordinación, frente a alternativas unilaterales ya ensayadas. En particular, se repasa el fundamental papel de las previsiones económicas y la planificación presupuestaria, se destaca el fondo de contingencia para la gestión de gastos imprevistos y se proponen alternativas para el establecimiento en España de un fondo de estabilización económica de carácter anticíclico.
ABSTRACT
The paper analyses the desired connection to be produced between the regional financing system and the budgetary stability rules, in the context of fiscal consolidation. The decisive –and undeveloped– role of the coordination principle, in contrast with tested unilateral alternatives, is highlighted. In particular, the paper reviews the fundamental role of economic forecasts and budget planning, the contingency fund for unforeseen expenses management, and some alternatives for the establishment in Spain of an economic stabilization fund with a countercyclical character.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Nivelación interterritorial desde Compostela

Foto: Xoán Álvarez

De la mano de GEN+ y RIFDE, con el apoyo de la Xunta de Galicia, se organizó en Santiago de Compostela una jornada de trabajo sobre nivelación en materia de financiación autonómica, sobre la base de un borrador de informe elaborado por Santiago Lago Peñas y por mí como ponentes, con el apoyo y las aportaciones de un grupo de trabajo formado por otras seis personas expertas en esta materia.

La jornada tuvo un formato dinámico, con sesiones de debate abierto y una presentación final de las conclusiones preliminares, así como de una encuesta de opinión que, en su momento, también formará parte del informe definitivo. en santiago estaban personas de perfil académico y gestor, lo que añadió riqueza al debate.

En los enlaces siguientes hay algunas reseñas de prensa de esta jornada de trabajo: uno, dos, tres, cuatro



domingo, 27 de noviembre de 2016

Gasto público en las cuencas mineras

Foto: Fernando Rodríguez para La Nueva España

Tercera y -supongo- última presentación pública del libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi-Thomson Reuters y coordinado por mí. Primero fueron las de Oviedo y Madrid y ahora esta en Ciañu, de la mano de Cauce del Nalón, la Universidad de Oviedo y el Club de Prensa de la Nueva España.

Participaron junto a mí los maestros Carlos Monasterio Escudero y Javier Suárez Pandiello, catedráticos de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, dos de los autores del libro. En la mesa, como anfitrión de la Casa de la Buelga, Aladino Fernández. Gracias tambuién a Kiko Villar por la invitacion y por sus amables palabras en el acto, así como a todas las personas asistentes, un viernes por la tarde.

En esta crónica de Silvia Martínez para La Nueva España hay una breve reseña de la presentación. 

Javier Suárez Pandiello y Carlos Monasterio, ambos catedráticos y profesores de la Universidad de Oviedo se acercaron el pasado viernes a la Casa de Buelga de Ciaño para presentar el libro "Economía del gasto público para mayores de edad". El acto fue organizado por la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" y la Universidad de Oviedo y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y en el mismo también estuvo presente Roberto Fernández Llera, como coordinador de la obra.

Aladino Fernández, en nombre de "Cauce", subrayó "el tremendo lujo que supone contar con ponentes de la categoría de los que hoy nos acompañan". Javier Suárez Pandiello intervino a continuación y explicó el proceso de gestación del libro, "a partir de un curso de economía pública para no economistas que se impartió a través de la extensión universitaria y del que surgió la publicación de "Impuestos para todos los públicos", que tiene su continuación en el libro que presentamos hoy". Pandiello señaló que "con esta obra hemos pretendido clarificar los entresijos del gasto público siendo rigurosos y respetuosos con todas las opiniones y con la intención de que cada cual pueda juzgar siempre desde la información y no desde la propaganda". A lo largo de su intervención, el economista defendió que "las tasas universitarias se suban lo que haga falta y que el importe de esa subida se dedique a becas ya que así, el que pueda pagar pagará, y al que no pueda, se lo pagaremos entre todos"

"Antes, el Estado era minúsculo y apenas intervenía más allá de lo necesario en defensa, justicia y algo de beneficiencia, pero a partir de la Transición empieza a aparecer como prestador de servicios y por tanto aparece la necesidad del gasto público. Pero hay que dejar claro que gastar más no implica que se gaste bien". Así lo expresó Carlos Monasterio, que llamó atención sobre el hecho de que los programas redistributivos son una parte importante del gasto público y del mismo modo, invocó la necesidad de que "los ciudadanos denuncien las deficiencias del sector público". Enfatizó el hecho de que "a día de hoy en España son los asalariados quienes aguantan el mayor impacto de los tributos" y destacó que "tenemos un grave problema de no tributación creciente". Del mismo modo, dejó patente la necesidad de que "el político tenga ideas e ideología y se apoye en los técnicos antes de tomar decisiones erróneas e insuficientes".
 
En último lugar intervino Roberto Fernández Llera, coordinador de la publicación, que puso de manifiesto que "el libro analiza el gasto público desde un enfoque multidisciplinar y en el que han participado veinticinco autores, casi todos economistas aunque hay excepciones, como es el caso de la periodista de la TPA, Olalla Pena". Fernández subrayó que "nuestra intención ha sido acceder a estudiantes y personas no iniciadas en la economía, partiendo de una posición clara de defensa del gasto público razonable y razonado". Para finalizar, el coordinador habló sobre la distribución del libro que tal y como expresó, "se divide en cuatro bloques bien diferenciados que abordan distintos temas, desde las cuestiones generales de funcionamiento del sector público, hasta la dimensión local, autonómica y europea del gasto público, pasando por los programas del Estado del bienestar y las políticas en defensa y fomento de la democracia".


domingo, 20 de noviembre de 2016

Ley de auditoría pública: una necesidad

Declaración de Toledo, en el cierre, presidido por Miguel Ángel Collado, rector de la UCLM
Terminó el VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, celebrado en Toledo del 16 al 18 de noviembre de 2016, bajo la magnífica organización de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), la Universidad Castilla-La Mancha y la Intervención General de la Comunidad Autónoma. En mi caso, es el quinto congreso de estas características en el que participo, tras las ediciones de 2008 (Pamplona), 2010 (Santiago de Compostela), 2012 (Madrid) y 2014 (Palma de Mallorca). En dos de ellos actué como ponente invitado; en los otros tres con una comunicación. En 2008 y 2010, como profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo; desde la edición de 2012, como jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Distintas perspectivas, idéntica ilusión. 

En esta ocasión, gracias a la amble invitación de Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, presidente de FIASEP, también tuve el honor de leer en el cierre plenario del congreso la solemne Declaración de Toledo, la cual recoge una serie principios y orientaciones fundamentales para la auditoría pública.

PREÁMBULO  
La Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (en adelante, FIASEP) es una organización de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro que trabaja por un sector público transparente y bien gestionado a través de la extensión de la práctica de la auditoría como medio más eficiente de control y que tiene por vocación ser un marco de referencia. 
FIASEP es la promotora del VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público y lo fue de todos los anteriores. En el que se acaba de celebrar en Toledo en 2016 y, previo debate con el colectivo de asistentes, formula la siguiente Declaración de principios y orientaciones de la auditoría pública para un Estado social y democrático de Derecho que, en el ámbito de la gestión publica, proclama los principios y criterios constitucionales de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria, así como el valor supremo de la transparencia y la rendición de cuentas. 
La Declaración debe ser interpretada en su conjunto y en clave constructiva, con el objeto de emplazar a las Cortes Generales y al Gobierno de España a que asuman compromisos para su plena efectividad. 
La Declaración se refiere a los auditores que desarrollan su actividad en el ámbito público y también sirve de orientación a las personas que han sido elegidas para los órganos de las instituciones de control interno y externo del sector público, dada la meta común de mejora de la gestión que comparten desde sus respectivas responsabilidades.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
1. ASUMIMOS la responsabilidad de identificar, en tiempos de desafección ciudadana hacia el poder público, la prioridad política de asegurar altos estándares de control del gasto y del ingreso público, con el fin de reforzar las estructuras de nuestro Estado de Bienestar y dotar de credibilidad a nuestras instituciones. 
2. CONSIDERAMOS que el establecimiento, el mantenimiento y la potenciación de un sistema de control sobre los fondos públicos es esencial en el desarrollo de la democracia en un Estado social y democrático de Derecho, debiendo otorgarse relevancia y extensión a la fiscalización atenta a los principios de buena gestión. 
3. SOMOS CONSCIENTES de que la legislación estatal de control externo de cuentas, en desarrollo del artículo 136 de la Constitución Española, debe ser actualizada, propiciando un cauce institucional adaptado a un Estado ampliamente descentralizado, redefiniendo las relaciones y las tareas entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, cuyo reconocimiento al más alto nivel normativo no admite dilación. Asimismo, es preciso replantear a fondo el instituto de la responsabilidad contable, incardinando un desempeño más efectivo con la propia fiscalización y con las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa. Todo ello coadyuvaría a mayor seguridad jurídica de los agentes fiscalizados, mayor homogeneidad del control externo y actuaciones coordinadas, cooperativas y eficientes en su mismo desempeño. 
4. POSTULAMOS avanzar en nuevos ámbitos de fiscalización vinculados a los resultados institucionales, junto a nuevas técnicas e indicadores, de tal forma que los auditores públicos puedan identificar puntos y escenarios de ahorro medibles para sus conclusiones y recomendaciones. Todo ello desde la aspiración de comprender las causas, el desarrollo y los efectos de las decisiones financieras arriesgadas o cuestionables, para poder prevenirlas en el futuro. En este contexto, apostamos sin duda por el uso de metodologías comunes y técnicas de auditoría normalizadas, tomando como referencia los estándares internacionales ya acreditados y adaptados a España, como las ISSAI-ES y las NIA-ES. 
5. REIVINDICAMOS que los auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, para ciertas tareas, también los profesionales acreditados en el Registro de Expertos en Auditoría Pública, puedan colaborar con el sistema nacional de control, en la forma que la leyes prevean, pero siempre preservando la dirección y el control de los trabajos de fiscalización por parte de las instituciones de control externo. 
6. ABOGAMOS por un urgente y preciso desarrollo reglamentario de la legislación sobre control interno de las entidades locales, donde se definan con claridad criterios homogéneos, metodologías, técnicas, procedimientos y reglas de actuación, en cada una de las tres variantes del ejercicio de la función, a desempeñar por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, planificando también una adecuada dotación de efectivos. 
7. ENTENDEMOS que, en un entorno tecnológico que permite adelantar la tramitación de presupuestos y cuentas generales (tanto autonómicas como locales), su rendición a la institución de control externo no debería sobrepasar el primer semestre del año siguiente, al igual que ocurre en el sector privado, lo cual también permitiría anticipar la finalización de los informes. Para su adecuada y oportuna fiscalización, debe permitirse a las instituciones de control externo, sin ningún tipo de restricción, el acceso remoto, permanente y “en tiempo real” a los sistemas de información de las entidades fiscalizadas, así como a los datos que obran en poder de otras administraciones públicas, autoridades, agencias y organismos poseedores de relevante información tributaria, presupuestaria, contable o financiera, respetando siempre las debidas garantías de confidencialidad. La interoperabilidad ha de ser una realidad inmediata y no una mera aspiración. 
8. SOMOS sensibles al reto tecnológico y, por ello, las instituciones de control externo deben afrontar los retos relacionados con la revolución tecnológica que se está desarrollando a medida que se implanta la administración electrónica. Esto va a exigir un esfuerzo organizativo para introducir en las plantillas expertos con perfil informático, así como una actualización de las metodologías de auditoría y amplios esfuerzos formativos en esta materia para todo el personal de auditoría. 
9. CREEMOS firmemente en la obligada independencia técnica y profesionalidad de los auditores, por lo que resulta imperativo que los partidos y los responsables políticos tomen una prudente distancia con respecto a las instituciones de control externo, contribuyendo a fortalecer la profesionalidad del personal a su servicio, así como de los cargos de responsabilidad, cuyos respectivos códigos éticos y estatutos personales deben ser reforzados, incluyendo garantías y compensaciones. La independencia, como principio irrenunciable, ha de ser predicada y defendida con respecto a intromisiones de todo tipo, provengan de donde provengan. 
10. SENTIMOS una profunda preocupación por la corrupción, el fraude y los comportamientos desleales, ilícitos y poco éticos en la gestión pública. Por ello, situamos la evaluación del riesgo de fraude en lugar preferente en los trabajos de fiscalización, asumiendo una actitud proactiva en su detección y en la lucha contra la corrupción, colaborando e interactuando con las oficinas antifraude u organismos homólogos, así como con la Fiscalía y los tribunales de justicia, dentro del estricto respeto a las respectivas competencias.

CONCLUSIÓN 
Quedan proclamados los antedichos principios y criterios, asumiendo el compromiso de evaluación y seguimiento de este decálogo en los futuros congresos nacionales de auditoría en el sector público, así como en los foros profesionales y técnicos que proceda. 
Toledo, 18 de noviembre de 2016



En plena ponencia: "Desafíos actuales de la auditoría pública: de lo macro a lo micro"

martes, 15 de noviembre de 2016

Fiscalizando la financiación autonómica


España ya tiene gobierno con plenas funciones. Ahora faltan presupuestos y mayorías estables, pero ese es otro debate.

El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, aunque no es novedoso, sí es muy relevante en los tiempos que toca afrontar. Este departamento tiene, entre otras competencias, las de coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, las relaciones con las comunidades autónomas y las entidades locales y las relativas a la organización territorial del Estado. Casi nada.

Circunscribiendo el análisis a la financiación autonómica, lo primero que habría que decir es que, quizás ahora sí, podamos pasar “de los cuentos a las cuentas”, como en su momento hizo Valentín Andrés Álvarez, economista asturiano y prolífico escritor. Toca transitar de las musas al teatro, en definitiva, de los documentos académicos y las ensoñaciones a las exigencias que marcan la realidad política, fiscal y financiera. ¿Será capaz el citado ministerio de conjugar sus planteamientos con los de las comunidades autónomas, cada una con sus propias aspiraciones? Más aún: ¿podrán tener encaje con un Ministerio de Hacienda y Función Pública que desde ahora parece mirar más al centro y no tanto a la periferia?

En los últimos años, tras la polémica Sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional parece haber girado hacia posiciones menos autonomistas que en el pasado, quién sabe si por dolor de los pecados. Incluso podríamos decir que se ha vuelto más municipalista o localista que federalista. Como el cura del chiste con el pecado, el Tribunal Constitucional no parece ser últimamente muy partidario del avance en el Estado de las Autonomías.

La anterior apreciación, subjetiva y personalísima, se sustenta no obstante sobre algunas recientes sentencias constitucionales, por ejemplo, en materia de impuestos propios (casi siempre para anular legítimos intentos de las comunidades autónomas) o de estabilidad presupuestaria (validando todo tipo de controles directos y restricciones al endeudamiento autonómico). En cambio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, muy contestada desde sus inicios, va siendo poco a poco desmontada. También, curiosamente el mismo Tribunal Constitucional ha blindado las normas forales fiscales de los territorios históricos del País Vasco (aquí sí, por unanimidad, no por exiguas mayorías). Todo esto querrá decir algo, imagino.

Con estas restricciones institucionales y las obvias escaseces financieras, es preciso montar un nuevo modelo de financiación autonómica. Se dice todos los días que es una prioridad acuciante y no hay responsable político autonómico que deje de repetir este mantra ante cualquier micrófono. Sin embargo, son demasiados los frenos y corsés de todo tipo, a los que me permito añadir otra dificultad, no menor: la intrínseca falta de transparencia del sistema y su desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía. Esto explica la habitual confusión entre impuestos y competencias, contribuyendo así a una dilución de responsabilidades y a un debilitamiento de la rendición de cuentas. Lo que se dice un arcano en toda regla.

Durante más de tres décadas, la financiación autonómica ha sido cosas de ministros y consejeros de Hacienda, técnicos del área presupuestaria, académicos y tertulianos (estos últimos, sin demasiado criterio). Ni siquiera las instituciones europeas han mirado demasiado el sistema de descentralización español, hasta que les empezó a “doler”, no España ni su Constitución, sino su déficit. Otras opiniones (las de agencias de calificación o servicios de estudios), tienen sus propios intereses creados, lo cual les resta cierta credibilidad.

En este punto, cabe preguntarse por qué nunca se han fiscalizado de forma integral los sucesivos modelos de financiación autonómica por parte del Tribunal de Cuentas. O por qué el supremo órgano fiscalizador y, en su caso, los órganos de control externo navarro y vasco, no han puesto el microscopio con precisión sobre los regímenes forales, incluyendo el certero cálculo de la aportación y el cupo. Aún más preocupante: ¿por qué nadie parece interesar estas fiscalizaciones?

La financiación autonómica son fondos, anticipos a cuenta, liquidaciones, estadísticas, gráficos y ecuaciones. Pero también política, de la buena, la que combina respeto a las normas y a los incentivos. ¿Seremos capaces? 

Publicado en Expansión el 15 de noviembre de 2016
Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 15 de noviembre de 2016


viernes, 21 de octubre de 2016

Dylanitas y méritos


Como decimos en Asturias, “al montón que ye grandón”. Pues aquí va una más. Creo que Bob Dylan merece el Premio Nobel de Literatura, como dice el acta del jurado, “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”. Para mí no hay discusión. Lo merece y punto, quizás con el matiz de que llega tarde. Eso sí, los premios se recogen y se celebran. En caso contrario, se deben rechazar con todas las consecuencias. La coherencia es así de dura, por eso hoy cotiza tan a la baja en el parqué de la vida. 

A la reciente legión de puristas y dylanitas que se han lanzado a pontificar (muchos, sabiendo sólo tararear un par de canciones del autor), habría que decirles que esta es la única categoría de los Premios Nobel que puede ganar alguien ajeno a la Física, la Química, la Fisiología, la Medicina, la Economía o, en última instancia, a la promoción de la Paz, entiéndase esto último como se quiera. A diferencia de los Premios Princesa de Asturias, en los Premios Nobel no hay una modalidad de las Artes que pueda englobar a genios del teatro, la escultura, la arquitectura, la pintura, la danza, la literatura, el cine y, por supuesto, la música. Hay un ejemplo notorio: a Leonard Cohen se le concedió en Asturias el galardón de las Letras y bien podría haber obtenido en su lugar el de las Artes. Supongo que esto cierra el círculo.

En todo caso, no conviene forzar la maquinaria ni los reglamentos. Porque podría ocurrir que se otorgase el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a quien es una joven promesa o a quien sólo ha hecho una buena temporada, eso sí, con preferencia para la nacionalidad española. O pudiese darse el caso de un Premio Nobel de la Paz a un hombre que impulsa el fin de una guerra de 50 años, pero también a otro que promueve al poder a dictadores. Hasta sería factible ver distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes a algunos que coquetean más con el dinero que con la belleza. Incluso todo esto podría haber ocurrido ya

Volviendo a los cantautores, es decir, a los poetas, a los artistas, con el notable añadido de sus valores humanos y su sentido ético, creo que dentro del idioma español hay candidatos con méritos sobrados para algunos de los galardones comentados. Joan Manuel, Luis Eduardo, Silvio, Pablo, Víctor, a los que habría que sumar a Paco y Amancio, como grandes juglares de este tiempo. Me falta la mujer, no como cantautora, pero sí como artista integral, como Gran Dama: María Dolores Fernández Pradera. Así, con su primer apellido, asturiano, por cierto. 

Siguiendo a mi tocayo, digamos que la respuesta seguirá flotando en el viento.


Publicado en La Voz de Avilés el 21 de octubre de 2016


jueves, 6 de octubre de 2016

Bares y lugares

FOTO: www.carbayedo.com
Siempre me pregunté para qué sirve el bar de la esquina, ese que Sabina no quería que cerrasen en sus Noches de boda. Y me formulaba esa pregunta porque, al fin y al cabo, si salgo a alternar, a tomar algo, pues no tiene demasiado sentido hacerlo al chigre que tenemos debajo de casa o justo enfrente. Sería como remar para morir en la orilla.

En mi modesta opinión, aquilatada con cierta experiencia (ironía), creo que no aporta gran cosa tomarse una copa, una botellina de sidra o un vino a menos de cien metros del portal de casa. Ya que nos ponemos de tiros largos, qué menos que pasear un poco y quedar con la pandilla, la novia o el marido a un cierta distancia del lugar donde dormimos todas las noches. Esto pensaba yo hasta ahora.

La perspectiva de lo anterior cambia de forma radical cuando el “horizonte de movilidad” –qué fino queda esto- se limita a unos pocos pasos dados por cuenta propia. En mi caso, por un percance fortuito y de consecuencias temporales, pero mucho peor es el caso de personas con limitaciones permanentes por edad, enfermedad, accidente o cualquier otra circunstancia sobrevenida que impida la autonomía personal y la libertad de movimientos. Para estas desgracias sí que es muy útil ese bar de la esquina.

Hay un momento vital en el que descubres los bordillos, las escaleras o las puertas giratorias, esas cosas que hasta entonces no existían. En ese mismo instante ves una montaña donde antes había un morrillo. O una utopía donde antes una playa de paraíso juntaba tierra y mar. Ahí entiendes para qué sirve el chigre de enfrente. Esa mínima excursión supone una gran conquista, un placer que recompensa y un esparcimiento de incalculable valor.

Como además no hay mal que por bien no venga, resulta que en esa sidrería a la que nunca iba porque estaba demasiado cerca, tienen un palo de sidra muy recomendable. Y en ese bar al que no merecía la pena acudir, ponen los mejores pinchos de toda la redonda. Y en la otra cafetería donde siempre saludabas al dueño sin consumir, el café cremoso y su mantecado casero saben a gloria.

Cuando descubres todo ese nuevo mundo a tus pies, te das cuenta de la riqueza que supone vivir cada día con autonomía económica y funcional, o sea, con dinero y salud. Si además te acompaña el amor, sólo queda dar gracias, como en la canción.


Publicado en La Voz de Avilés el 6 de octubre de 2016



viernes, 30 de septiembre de 2016

Indiferentes y malevos

https://reflexionesdiarias.files.wordpress.com
¿Cuál es peor? ¿La persona que critica sin proponer alternativas o la que todo le resbala por encima de los hombros? Lo preocupante es que muchas veces coinciden.

Si se inaugura un remozado hotel, siempre hay alguien que protesta porque la decoración no le gusta o porque los precios son más altos que hace veinte años. Otro grupo de personas pasa por delante mirando de refilón (no es su guerra). Algunos, creo que los menos numerosos, apoyamos desde el principio, aunque sea desde la modestia, colocando ese granito que, aunque no haga granero, ayuda al compañero.

Si tenemos un mundial deportivo con miles de personas en la ciudad y millones de euros en beneficios, a algunos todavía les sabe a poco y, sin embargo, se quejan de la incomodidad en esos días (igual que con las fiestas patronales). Aquí el indiferente se limita a afirmar, con cierto aire de superioridad, las bondades de no hacer nada, puesto que el evento le parece una cosa fatua. Los del tercer grupo tratamos de apoyar en lo que se pueda, aunque sea comprando un tique o divulgando en nuestras redes humanas y sociales.

Ya que hablamos de redes sociales, cuidado con esa nueva especie de personas cuya vida aparente es estrictamente virtual, es decir, opuesta a la realidad. Sobre esto hay escritos ríos de tinta a cargo de personas expertas en Psicología y Sociología. Yo no entro en esas disquisiciones. Lo que sí me enerva es el afán de algunos malevos por arruinar cualquier iniciativa de los demás, sin más interés que la pura destrucción y desde la cobardía que ofrecen el anonimato o la identidad falsa. Esto ocurre en la política, la economía, las relaciones amorosas o el mus. Internet no lo inventó, pero lo amplifica de forma peligrosa.

Como reza el clásico aforismo, “al amigo, todo; al enemigo, ni agua y al indiferente, la legislación vigente” (la versión más trasera atribuida al ministro de la dictadura Girón de Velasco no la reproduzco aquí). En todo caso, es cierto que el indiferente, de entrada, no me gusta. No por manías personales, sino por su incoherencia interna, puesto que se convierte en un criticón negativista cuando observa atacada su parcela o su manada. Ahí pierde esa falsa neutralidad y por eso conviene aplicarle el reglamento en vigor.

Gabriel Celaya maldecía a los que se desentienden y evaden, invitándonos a tomar partido. Estoy de acuerdo. Y si no se tiene nada mejor que aportar, el silencio es una preciosa alternativa para no dañar a nadie. Otro poeta, Dante, enviaba al vestíbulo del infierno a los indiferentes (para él, cobardes). Mucho más cerca en el tiempo, lo decía también en una entrevista el periodista José María García: “me enorgullezco de no haber cultivado ni a un solo indiferente”. No es poco mérito.
 
Publicado en La Voz de Avilés el 30 de septiembre de 2016 
 
 

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Descentralización y sistema tributario

De izquierda a derecha: Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Luis Briones, presidente del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad y socio de Baker & McKenzie

La Fundación Impuestos y Competitividad, cuyo objeto es el estudio e investigación del sistema tributario, encargó un trabajo a los profesores Santiago Lago Peñas y Alberto Vaquero García, de la Universidad de Vigo, cuyo resultado final ha sido el libro titulado Descentralización y sistema tributario: lecciones de la experiencia comparada, presentado en la madrileña sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 20 de septiembre. Lo que sigue son extractos de mi comentario al libro, en línea de algunos anteriores. Las presentaciones completas están aquí

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Creo –y no es una opinión solitaria- que una de las reformas estructurales pendientes en España sigue siendo la reforma fiscal, al menos, por tres motivos: la ineludible actualización de un sistema tributario diseñado en la Transición, la necesidad de reforzar unos ingresos estructurales que se han mostrado insuficientes y la importantísima descentralización política, del gasto y del ingreso. No es objeto del libro de Lago y Vaquero –ni de estos comentarios- analizar las dos primeras motivaciones, pero sí la tercera, en lo que atañe a la distribución territorial del poder tributario.

Como señalan los autores, el “modelo español” tiene singularidades propias, algunas negativas, pero otras francamente positivas que incluso otros podrían imitar. Bastaría recordar la rapidez y la limpieza con las que hemos transitado desde un Estado dictatorial y centralista a uno democrático y descentralizado.

A partir de estas premisas, parece obvio que la reforma del sistema de financiación autonómica y del sistema fiscal debe ser urgente, pero sobre todo ha de ser fruto de un doble consenso, construido entre comunidades autónomas (CCAA) y entre partidos de ámbito estatal. Idealmente, la Conferencia de Presidentes y el Senado deberían ser los foros de discusión y acuerdo para este ambicioso propósito, sin perjuicio de la asistencia técnica que brinde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el asesoramiento de otros organismos o equipos expertos.

En estrictos términos de Economía Política, pero también de recaudación, la hipotética supresión de un impuesto debería ser siempre la solución última en toda reforma fiscal, dados los elevados costes que supondría su eventual reimplantación o su sustitución por otro tributo, sin olvidar tampoco el valor informativo y censal que se podría perder.

Como se constata en el libro, España se homologa en cuanto a la descentralización normativa del poder tributario hacia el nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, existe un evidente problema de percepción de restricción presupuestaria blanda y, por tanto, de falta de incentivos para el ejercicio efectivo de esa capacidad normativa, salvo en situaciones de clara emergencia financiera, como se ha visto desde 2008. La relativa juventud del Estado de las Autonomías, como también se señala en el libro, puede acarrear problemas de bisoñez o desconfianza, pero tiene una grandísima fortaleza: la homogeneidad de las bases imponibles. En esto no se debería retroceder, troceando su definición, ya que se comprometerían la eficiencia, la equidad, la simplicidad, la unidad de mercado y la lucha contra el fraude.

El camino hacia la federalización del Estado de las Autonomías debe pasar por una clara separación de espacios fiscales para cada nivel de gobierno. Antes, quizás fuese bueno acotar los conceptos manejados en la confusa jerga de la financiación autonómica para mejorar su visibilidad.


martes, 20 de septiembre de 2016

Gasto público en Madrid


Esta semana se presentó en la sede madrileña del Consejo Económico y Social (CES) el libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi-Thomson Reuters y coordinado por mí. Ejercio de anfitrión el presidente del CES, Marcos Peña. También intervinieron Nicolás Álvarez Álvarez y Javier Suárez Pandiello, presidente del CES del Principado de Asturias y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, respectivamente.

Según recoge la prensa (La Nueva España), hay especial interés en el gasto en pensiones y su financiación, así como en los aspectos relativos a descentralización.

Personalmente, creo que se deben complementar los ingresos del sistema de pensiones con recursos obtenidos de los impuestos, especialmente sobre las grandes fortunas. Así opina también Ignacio Zubiri Oria, autor del capítulo sobre el tema en el libro. Me extiendo algo más en una entrevista en la RPA (bloque 2; minuto 10 en adelante).

 

http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20hoy%201%C2%AA%20edicion_1474445699.html


miércoles, 14 de septiembre de 2016

Lo mejor es enemigo de lo bueno


La frase del título es una de esas que nos deberían servir siempre como acicate para avanzar en la vida. Y, desde luego, también en el camino hacia un mejor funcionamiento del sector público.

Por ejemplo, dado que resulta obligada la evaluación continua y la retribución diferencial del desempeño de los empleados públicos, no es posible eludirla, inventando excusas basadas en la eterna búsqueda de un sistema ideal que nunca llega. Mientras tanto, "la casa sin barrer", es decir, un injusto e ineficiente igualitarismo en sueldos, complementos y escalafones.

Otro ejemplo. Si la necesaria corrección de un evidente defecto de diseño en un impuesto (pongamos, un error de salto o un beneficio fiscal regresivo) queda frenada por falta de acuerdo entre posiciones maximalistas (unos abogan por eutanasiar el impuesto; otros por dejarlo irreconocible), al final el resultado es la situación actual. En otras palabras: por no ser capaces de acordar "lo mejor" o acaso "lo menos malo", lo cierto es que seguimos en la nefasta situación actual, la peor de todas. La falta de acuerdo sólo implica favorecer la prolongación del mal que se trata de corregir.

En muchas esferas de lo cotidiano, la política o la economía, la alternativa a no hacer nada, bajo la peregrina disculpa del miedo a lo nuevo, es seguir donde estamos, perpetuar el statu quo que, en muchas ocasiones, es una alternativa muy mala. Quizás la peor de todas.

Pues bien, lo mejor es enemigo de lo bueno, también en materia de financiación autonómica.

No podemos aspirar a diseñar -y aún menos a hacer funcionar- un sistema óptimo, por la sencilla razón de que tal cosa no existe. ¿Óptimo para quién? ¿Para el gobierno central? ¿Para una comunidad autónoma concreta? ¿Para un grupo de ellas? ¿Para desplegar espacios fiscales propios o para asegurar la suficiencia, aunque sea a costa de doblegar la autonomía financiera?

Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero eso tampoco significa que debamos conformarnos con reformas efímeras o cicateras. Aplicado al sistema de financiación autonómica, no sería razonable abrir un debate técnico y político de altura para terminar en poca cosa. No se puede admitir un parto de los montes lleno de ratones. Si el avance va a ser infinitesimal, mejor nos quedamos donde estamos y ahorramos elevados costes de transacción.

El diagnóstico está hecho, los problemas del sistema son conocidos y sus consecuencias están cuantificadas. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues probablemente por el debate y el acuerdo en torno a mejoras que supongan avances parciales, pero significativos, particularmente sobre cuestiones orientadas a cuatro líneas de actuación.

La primera, para constatar que esta vez no será posible recurrir a la financiación "extra"aportada en exclusiva por la Hacienda central, por la sencilla razón de que el intenso proceso de consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno -incluido ese- impide tal cosa. Es decir: o se reparte de otra forma el montante actual (juego de suma cero, por tanto, con ganadores y perdedores absolutos) o se acuerda incardinar más estrechamente el propio sistema de financiación autonómica con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La segunda, relativa al aumento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en tributos, directos e indirectos, compartidos y propios. Unido a esto deben introducir los mecanismos apropiados de refuerzo de la corresponsabilidad fiscal efectiva, no sólo teórica.

La tercera, para garantizar una nivelación suficiente, bajo un amplio acuerdo político sobre el concepto "español" de equidad, aunque sin llegar a construir un sistema distorsionador. En paralelo, también se debe avanzar hacia una valoración adecuada de las necesidades de gasto en términos reales y -una vez más hay que repetirlo- reconducir los resultados de los sistemas forales vascos y navarro.

La cuarta, para analizar las causas del endeudamiento, con especial referencia al periodo 2009-2016, de tal forma que puedan ser tratadas de forma diferenciada, desde luego, huyendo de soluciones fáciles o perdones universales que sólo producirían una sensación de agravio y un serio problema de riesgo moral.

Quedan lejos otros tiempos en los que las costuras del sistema sólo estaban hilvanadas, pudiendo ensayarse patrones y tallas más amplias. Desde el modelo de 2002, pero sobre todo desde 2009, hay ciertos límites que ya no se pueden sobrepasar. Uno muy evidente es la cesión de ciertos tributos (algunos ya en el 100% o con porcentajes que, de ser mayores, podrían comprometer la propia suficiencia de la Hacienda central). En cambio, hay parcelas yermas que podrían ahora comenzar a dar fruto, como es el caso de una imposición indirecta más descentralizada hacia las comunidades autónomas.

El puzle o sudoku, como se dijo en algún momento, puede encajar, pero eso no asegura que el resultado sea siempre deseable. Lo único que se habría conseguido en ese hipotético caso es un consenso basado en demasiadas renuncias.

¿Hay solución entonces? Debe haberla. Tiene que haberla. Que sea en 2017 ya parece una utopía, más aún con gobiernos en precario y parlamentos tremendamente fragmentados. Pero es el objetivo.

Publicado en el blog de RIFDE-Expansión el 14 de septiembre de 2016


lunes, 8 de agosto de 2016

Financiación autonómica y estabilidad presupuestaria

Acabo de publicar un documento de trabajo en la serie Documentos Hacienda Autonómica de FEDEA (Fedea Policy Papers - 2016/17).
 
En el trabajo se analiza la deseable conexión que se debe producir entre el sistema de financiación autonómica y la normativa de estabilidad presupuestaria, en el contexto de la consolidación fiscal. Se ensalza el decisivo –y poco desplegado- papel del principio de coordinación, frente a alternativas unilaterales ya ensayadas. En particular, se repasa el fundamental papel de las previsiones económicas y la planificación presupuestaria, se destaca el fondo de contingencia para la gestión de gastos imprevistos y se proponen alternativas para el establecimiento en España de un fondo de estabilización económica de carácter anticíclico. 
 
El documento completo está aquí

viernes, 8 de julio de 2016

Demérito e incapacidad en la selección del PDI


Ha sido un honor participar en el libro colectivo que coordinan Antonio Arias, Ana Caro, José Ramón Chaves y Juan Jo Fernández, titulado Usos y abusos del derecho universitario. Homenaje a Juan Manuel del Valle, editado por Aranzadi-Thomson Reuters. No creo que haga falta explicar de qué va el libro, ni a quién se homenajea, más que merecidamente, con motivo de su jubilación.

Mi modesta aportación lleva un título explícito y recoge el sentir sobre un tema que nos toca muy de cerca. Aquí va. 

Demérito e incapacidad en la selección del PDI

Son muchos los principios constitucionales y legales que debe atender el gestor universitario, aunque, como los mandamientos, se resumen en uno: cumplir las normas. Si además se optimizan recursos y se logran resultados de impacto, miel sobre hojuelas. Como se dice en la Biblia, la “naturaleza divina” se alcanza si se pone todo el empeño posible en unir a la fe la virtud y a la virtud el conocimiento.

Es evidente que la persona encargada de gobernar una universidad pública debe colocar en el frontispicio de su despacho el principio de legalidad, cerca de la placa dedicada a la ética y al lado de las estanterías donde reposan la eficacia, la eficiencia y la economía. Tampoco debe descuidar el funcionamiento democrático de la institución –incluyendo el régimen electoral interno, la rendición de cuentas, la responsabilidad y la transparencia- ni la estabilidad presupuestaria, tan en boga y tan de moda. Y, junto a todo lo anterior, pero no por encima, la autonomía, sin que deba colisionar con la esfera propia de autogobierno de las comunidades autónomas, a las cuales se vinculan las respectivas universidades públicas.

Hablando en concreto del acceso del personal docente e investigador (PDI) no es posible abstraerse a la igualdad, el mérito y la capacidad, no ya por explícitos mandatos constitucionales, sino también por una cuestión de justicia social y necesidad de progreso. Si aquel gestor universitario sólo coloca a sus amiguetes en la plantilla, podrá tener un club social o un acogedor cortijo particular, pero estará poniendo los cimientos de barro para una universidad endeble. Para que algunos lo entiendan: si esto fuera fútbol, el entrenador estaría fichando jugadores más o menos guapos, más o menos vendedores de camisetas y perfumes, pero incapaces de marcar goles, correr la banda o jugar un partido sin lesionarse.

La sempiterna escasez se transfiguró en 2011 en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, cuyas derivaciones son palmarias desde entonces. Una de las más perversas ha sido la de imponer, mediante legislación básica, unas tasas de reposición bajísimas o incluso nulas, aplicando una noción de supuesta igualdad que poco tiene que ver con la justicia, ya que en realidad supone consagrar una inequidad vertical, es decir, un trato idéntico a situaciones muy diferentes. ¿Qué tienen que ver un negociado autonómico de estadística, un gabinete ministerial de comunicación y una gerencia municipal de urbanismo? Muy poco o nada. Para el caso que nos ocupa: ¿acaso tienen las mismas necesidades de plantilla una universidad histórica y otra que aún está desplegando sus estructuras básicas? ¿Y una con 50.000 estudiantes, frente a otra con 10.000 y una tercera con docencia a distancia en exclusiva? La respuesta es fácil: no.

Pero como “todo fluye”, a pesar de esa fuerte restricción presupuestaria, los incentivos han seguido jugando su papel. Así, la gente ha hecho mayoritariamente sus deberes y, a comienzos de 2016, son varios miles de personas las que están acreditadas por la ANECA para los cuerpos de profesor titular o de catedrático. En los mejores casos, ocupan plazas laborales o disfrutan –quizás el verbo sea excesivo- de contratos temporales o precarias becas de investigación. En los peores, están fuera del mundo académico en otras ocupaciones profesionales o han caído en la emigración o el paro.

En consecuencia, la oferta de personas con acreditación nacional es amplia, como nunca lo había sido, pero la demanda por parte de las universidades públicas es muy baja. Por todo ello, como nos enseñan a los economistas en primer curso de carrera, el precio baja, es decir, las condiciones laborales se deterioran y las expectativas se frustran. ¿Queremos dejar el mundo académico sólo a quienes ya están instalados o a nuevas personas voluntaristas y/o acomodadas? Aquí tenemos otra quiebra de la igualdad, en este caso, de oportunidades. Cierto es que la precariedad no es patrimonio exclusivo de la universidad, pero poco consuela que el mercado laboral español en su conjunto sea una máquina que digiere demasiadas ilusiones.

Porque si la igualdad está significando un trato igual de malo (a universidades y personas) y una igualación en mediocridad (mismos sueldos, mismo tipo de investigación, misma docencia repetida, misma gestión burocratizada), entonces se destruyen los incentivos. Y si algo hay que nos estimule a los seres humanos son precisamente estos alicientes, vengan dados por motivos sentimentales, presupuestos ideológicos o razones crematísticas.

Esos gestores universitarios –no todos, pero sí bastantes- han hecho alguna trampa. Bajo eslóganes de “excelencia” y “austeridad”, tan iluminadores como vacuos y contradictorios, han descuidado el mérito como principio básico para la selección del PDI. Han facilitado confortables acomodos a personas de discutible capacidad académica, mientras bloqueaban la entrada o enseñaban la salida a hombres y mujeres con curriculums varias veces acreditados. ¿Quién no conoce casos cercanos? ¿Y por qué casi nadie los denuncia?

Asimismo, la capacidad que proclama la Constitución Española también se vuelve del revés al observar a algunos reclutadores universitarios. Quizás este concepto de recluta pueda tener reminiscencias militares o resonancias mercantilistas, pero sigue siendo muy útil en el contexto universitario público. Porque todo proceso de incorporación implica formación, prueba, evaluación y respuesta. Y muchas veces no hay nada de eso o se excluye sin mayores miramientos a quien se califica como “falto de legitimación” o “sobrecualificado”.

Y para qué hablar de la imprescindible publicidad de las convocatorias a plazas de PDI, tantas veces relegada en tablones de corcho al final de un oscuro pasillo o en las profundidades de una página web corporativa. En la era de la transparencia –que no sólo implica divulgar el salario del rector- esto es inaceptable.

Decíamos al principio que antes que cualquier otra cosa se deben cumplir la normativa legal y la ética. Pues bien, lo que ha provocado este mundo de escasez sobrevenida –que no nueva- es una serie de curiosos comportamientos, algunos de los cuales podrían ser susceptibles de responsabilidad contable, infracciones disciplinarias o de buen gobierno y, en el extremo, delitos tipificados en el Código Penal. Por desgracia, no siempre hay un correlato en forma de castigo electoral, dado que las maniobras oscuras y clientelares, frente a las conductas probas e íntegras, suelen funcionar como reclamo ante una votación.

Un ejemplo paradigmático son los cumplimientos aparentes de la tasa de reposición, compensados por prórrogas o ampliaciones irregulares de contratos y nombramientos, reconocimientos de servicios prestados en régimen de dudosa legalidad o cambios de asignaciones docentes sin justificación ni soporte alguno. Ejemplos, nada más, pero señalan un camino de líneas rojas, ya no de baldosas amarillas. Los tribunales de justicia han corregido algunos desaguisados en estos últimos años, aunque otras muchas componendas ad hoc han logrado pasar el supuesto filtro supervisor de la tutela judicial efectiva.

En todo caso, seamos optimistas. Supongamos por un momento que algún día el ingreso del PDI en la universidad pública española llega a ser del todo limpio. Hagamos este ejercicio mental, siguiendo a Eduardo Galeano, quien decía que sin utopía no es posible avanzar. Avancemos, pues, para imaginar esa hipótesis en la que alguien ha obtenido una determinada posición académica y, con toda legitimidad, aspira a promocionar. Es entonces cuando habrá que construir un sistema que promueva la eficiencia y, al mismo tiempo, sea motivador y justo. Es decir, tendremos que hablar sobre evaluación del desempeño, pero sobre todo, tendremos que actuar, desarrollando este fundamental mandato, sin quedarnos en la dimensión retórica o teórica. Para ello, me atrevo a sugerir algunas ideas básicas.

Una, para que la antigüedad se reconozca y se retribuya con los trienios, pero sólo como lo que es, una cuestión biológica, no un parámetro para acceder a privilegios y prebendas.

Dos, para que los méritos docentes se evalúen y se valoren con criterios transparentes y lógicos. Los quinquenios no pueden ser sólo cinco años más en el DNI, sobre todo cuando las contrataciones de PDI se generan (casi siempre) por necesidades docentes en exclusiva. No es fácil discriminar positivamente al buen docente, ni hacerlo de forma negativa con el malo. Pero sí es posible y deseable, partiendo de un mínimo común. Tenemos instrumentos y técnicas que nos sirven, con un particular énfasis para las encuestas al alumnado. ¿O es que no nos fiamos de quienes son nuestros principales críticos? Con el clásico, digamos que todo largo camino empieza por un primer paso o que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. No avanzar en esta línea sería un enorme fracaso.

Tres, reformulando el actual complemento de productividad, para que compense el esfuerzo invertido en su consecución. Aun reconociendo que los sexenios han sido un estímulo decisivo para el fomento de la producción científica en España, no es menos verdad que en su implementación se han generado algunos vicios, sobre todo en el proceso de evaluación, donde han ido apareciendo excrecencias relacionadas con esferas de poder, ámbitos de conocimiento y negocios editoriales, pudiendo suponer un grave peligro en forma de círculos viciosos de ineficiencia, inequidad y exclusión.

Y, cuatro, no diferenciemos méritos sólo por el hecho de que quien los haya obtenido no tenga –incluso porque nunca haya podido tener- una determinada categoría. Por ejemplo, si un docente ha obtenido una calificación excelente en su evaluación, debería dar igual si es ayudante, titular o catedrático. Lo mismo con las publicaciones y las patentes. ¿Por qué debe cobrar alguien más por un complemento retributivo si el mérito objetivo es idéntico al de otra persona, incluso aunque esta última esté eventualmente fuera del sistema universitario? Y, por supuesto, deben mejorarse los vasos comunicantes y la homologación de méritos entre las figuras laborales y funcionariales de PDI, facilitando también la conexión de la sociedad y la empresa con las instituciones educativas superiores. De otro modo, serán cuantiosos –ya lo son- los daños colaterales derivados del hecho de tener que comenzar varias veces los procedimientos de homologación o acreditación, siempre engorrosos y sin plenas garantías de que se alcance el éxito final.

He dejado para el final los aspectos de gestión que, desde hace unos años, se tratan de promocionar y reconocer, aunque se hace de la peor manera posible. Quien aspira a formar parte del PDI se espera que lo haga por un afán docente o una vocación investigadora, en mayor o menor grado, pero desde luego no porque ansíe un vicedecanato o un vicerrectorado de cualesquiera asuntos. Y sin embargo, casi se exige esto último como penitencia antes de obtener una acreditación nacional. Quien más publica o mejor enseña no suele ser el mejor gestor y viceversa, salvando las contadas excepciones. Por eso es preciso insistir de nuevo en una reforma profunda del sistema de gobierno universitario, promoviendo el liderazgo y la profesionalización, sin descuidar el control democrático. Las áreas y los departamentos de taifas, así como los rectorados donde operan intercambios de favores y votos, son dos de los peores males que aquejan a la universidad española. Esto no se debe confundir con un cierto grado de sana endogamia que, como el colesterol en el cuerpo humano, produce males por exceso, pero se necesita para sobrevivir.

Si queremos que el nivel medio de la universidad pública española sea elevado dentro del contexto europeo e internacional, hay que actuar en muchos frentes. Aquí se han esbozado algunos, pero el círculo es muchísimo más amplio. De otro modo, como decía Borges, “si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa”.

lunes, 4 de julio de 2016

Control del endeudamiento autonómico y estabilidad presupuestaria

http://www.revistaestudiosregionales.com/contenido/ver/id/125

En el número 105 de la Revista de Estudios Regionales publico un artículo titulado "Control del endeudamiento autonómico y estabilidad presupuestaria: evolución y propuestas de futuro". Forma parte de un monográfico sobre treinta años de modelos de financiación autonómica, coordinado por Luis Ángel Hierro Recio. El texto completo de mi trabajo está aquí. Como muestra, os dejo el resumen.

RESUMEN 

El trabajo repasa los argumentos económicos para el endeudamiento subcentral en un contexto federal y analiza la normativa de control del endeudamiento autonómico en perspectiva histórica. Se señalan en todo el proceso las regulaciones europeas que han ido inspirando las modificaciones normativas en España. También se presentan las principales cifras relativas al endeudamiento autonómico y se plantean algunas propuestas para mejorar la eficacia de las limitaciones y la coherencia entre las más tradicionales y las contenidas en la última normativa de estabilidad presupuestaria.
 ABSTRACT
The work reviews the economic arguments for sub-central borrowing in a federal context and it analyzes the regulation of the normative limitations in Spain from a historical perspective. European regulations that have been inspiring the Spanish legislation are outlined throughout the sections. The main figures of the regional debt and some proposals for improving the effectiveness and coherence of the limitations are also presented. Posed by improving coherence between more traditional and regulations contained in the latest budget stability. 
In a federal system, the intervention of sub-central governments in policy is intrinsic. Their participation in the stabilization function can be discussed from a theoretical point of view, but in practice means a reality long ago. This is not inconsistent with the fact that other areas of this function remain exclusively in the respective central government or supranational level.
Economic theory supports sub-central borrowing as a way to finance, although advised to restrict their use to finance investments, for reasons of efficiency and intergenerational equity. Faced with some radical orthodoxy that still calls for prohibiting sub-central borrowing, the reality must be much more pragmatic: the design of an effective internal framework of budgetary stability and financial sustainability that can make compatible decentralization and macroeconomic objectives. It must combine elements of independence, strictness, flexibility, multilateral agreement and, in the case of Spain, consistency with the European standards.
The Spanish regions have full constitutional backing to borrow, subject to legal basic limitations (LOFCA) and what is here termed software of the budgetary stability. From its primary antecedents –in the nineties- to the refined version that derives from the constitutional reform of 2011, four definitions of budgetary stability have been developed in different times: non-financial deficit, nominal deficit, deficit in the economic cycle and structural deficit. The common denominator has always been the internal reaction to changes in European legislation, a process that accelerated in the years following the crisis that began in 2008 and, further, to the emergency arising from the ‘rescue’ loan to Spain in 2012.
The Spanish Organic Law of Budgetary Stability and Financial Sustainability (LOEPSF) has organized a system of stringent controls over regional and local borrowing, but at the same time it is plagued by extraordinary mechanisms and transitional periods that de facto denature the original legislation. On the other hand, the act provides objectives for structural deficit and debt in 2020 that, especially in the second case, crave unrealizable in all respects. Meanwhile, micro-limitations under the LOFCA, despite its importance as elements of budgetary and financial discipline, are difficult to operate on their own terms, because they do not have a specific monitoring body and, finally, they have been cornered against the macro-objectives embedded in the LOEPSF.
The figures presented on regional debt have shown that this variable has acquired a very significant volume and, therefore, it should be considered with their specificities within the general policy of budgetary and financial control. However, LOEPSF has imposed an identical target in terms of GDP in all regions, which seems neither fair nor efficient as it involves very different adjustment efforts, according to their structures of revenues and their respective deficit and debt. On the other hand, extreme austerity in public finances can no longer be applied so undisputed, if not at the expense of further weakening economic recovery.
The proposed reforms are targeted to improve the legislation on a more coherent way for the integrated control of regional indebtness and the general financing system. This immediately leads to a parallel reform of the LOFCA and the LOEPSF, without prejudice the special regimes that can regulate the Statutes of Autonomy. The revision must be in 2015, along with the new flexible orientations of the European criteria. The common feature of the recent decrees that regulate regional financing is that they undermine fiscal co-responsibility.
In short, financial autonomy, coordination and budgetary stability, as defining elements of fiscal federalism and, in the case of Spain, as constitutional principles, must work harmoniously. Peremptory becomes a conjunction between these three lines and not a dilemma that puts the whole in danger, along with other objectives of social and democratic state of law that proclaims the Constitution.

jueves, 23 de junio de 2016

Un libro abierto es un cerebro que habla

De izquierda a derecha, coordinador, rector, síndico mayor y catedrático
FOTO: Mario Rojas (El Comercio)

Hace tres años presentábamos en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo el libro Impuestos para todos los públicos. Esta semana volvimos a la misma sede para presentar el libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi (Thomson Reuters), con la colaboracion del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, quien citó un proverbio hindú muy apropiado para el caso: "Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora". También participaron en la mesa el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo Fernández y el catedrático de Economía Aplicada, Javier Suárez Pandiello. Para los tres no tengo más que agradecimiento por su amables y cariñosas palabras, hacia mí y hacia el libro.

En lo que sigue, hay una tribuna de opinión publicada en La Voz de Asturias (¡de vuelta!) que resume mi intervencion en el acto de presentacion. Al final, un dossier de prensa y varias fotos.

Economía del gasto público para mayores de edad

Toda persona es contribuyente y beneficiaria del gasto público desde que nace. Por eso, resulta ineludible adquirir un umbral mínimo de formación para alejar demagogias o insensateces, explotadas por quienes utilizan el conocimiento con fines poco loables. Debemos ser “mayores de edad” para imprimir algo de seriedad en todo debate público, dirigiendo esta constructiva reprimenda a quienes hablan desde el atrevimiento de la ignorancia o desde el atril de la promesa vacía. Si algo tenemos que pretender es “que el rigor no se pase de moda y que los argumentos nos doren la piel”, parafraseando a Sabina.
Es evidente que una nueva autovía produce un beneficio social, pero quizás no sea suficiente para compensar la inversión, el daño ambiental o el coste de oportunidad. Ya Flórez Estrada criticaba en su Curso de Economía Política “los consumos de lujo” y “los gastos hechos para impedir o comprimir los progresos de las luces”. En lenguaje actual: los despilfarros y los gastos culpables de postergar la educación pública.

Otro ejemplo. Cuando se afirma que “hay que reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública”, ¿se quiere decir que hay que bajar el sueldo al personal sanitario y, en cambio, seguir construyendo nuevos hospitales? Y otro más: ¿debemos subir las pensiones de jubilación o mejorar la red de residencias? De nuevo, la respuesta, depende de nuestras preferencias, pero también de criterios rigurosos de evaluación. Con seguridad, el único que no tiene razón es quien afirma querer hacer todo a la vez y, además, bajar impuestos y reducir el déficit. La cuenta, así, no sale.

El gasto público no es un problema en España por excesivo: 43,3% del PIB en 2015, cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona. En todo caso, el tamaño del sector público no es un dogma, sino una cuestión de preferencias sociales que van mutando y se sustancian sobre renovados acuerdos políticos. Hay que decirlo una vez más: el gran problema de la Hacienda Pública española son los ingresos, sobre todo los impuestos, ya que no alcanzan para financiar el gasto público. Las causas se conocen (en síntesis: economía sumergida, fraude fiscal y mal diseño de ciertos tributos) y por eso hay que atacarlas de raíz y sin dilación. La nefasta consecuencia es que todos los años se genera un déficit estructural considerable.

Frente a la actuación habitual de estimar los ingresos para aproximar el gasto que se podrá ejecutar, el sector público tiene la ventaja de que puede hacerlo a la inversa. Pongámonos políticamente de acuerdo en qué y cuánto queremos gastar, tratando después de allegar los recursos necesarios para ello, determinando qué impuestos subimos, a tenor también de nuestro margen de endeudamiento. Las consecuencias de ambos procedimientos son muy diferentes. Además, hay otros tres grandes retos para el gasto público en España: eficiencia, economía y equidad. Los tres son mandatos constitucionales y los tres deben formar parte de esas orientaciones básicas.

Gastar es gobernar y gobernar es gastar. Si hay algún ámbito donde la política y la economía se dan la mano, ese terreno es el del gasto público, con permiso de los impuestos, con los que hay que trabajar en simbiosis. Por ello, debemos apostar por un modelo de gasto que no ponga en riesgo el propio sector público, pero que al mismo tiempo sea suficiente para promover el progreso social y el desarrollo económico. No hay que olvidar que las políticas públicas se despliegan para mejorar la calidad de vida de las personas y que cualquier cosa que se haga mal ahora, repercutirá tarde o temprano.

Por todo lo dicho hasta ahora, la Universidad debe seguir haciendo esa investigación que Tomás y Valiente calificó de “inútil” (sic), no por su irrelevancia, sino porque reporta escaso fruto académico y retributivo al investigador, pero resulta imprescindible para reivindicar la historia, promover la cultura y educar a una ciudadanía que demanda análisis asequibles del mundo. La Universidad de Oviedo siempre ha sido un buen ejemplo en este sentido, desde aquel Grupo de Oviedo y aquella primera Extensión Universitaria que hoy sigue buscando nuevos horizontes. Por eso es importante que se debata y se escriba con valor, en la doble acepción de valentía y utilidad.

Tenemos que repensar los fundamentos del gasto público en la economía, incorporar plenamente el paradigma de la estabilidad presupuestaria, reforzar el control en todas sus extensiones y hacer más transparente el papel de la opinión publicada, para no engañar ni confundir. En lo que se refiere al Estado del Bienestar, la apuesta es porque la Unión Europea siga siendo la referencia en el mundo, aunque son necesarias algunas correcciones, sin dañar la esencia del sistema. España en concreto tiene aquí grandes desafíos, pero uno muy importante se observa en cada extremo vital: las escuelas infantiles y el cuidado de nuestros mayores, sobre todo cuando son personas con dependencia. Estas líneas de avance se relacionan con la estructura del mercado laboral y con una conciliación que todavía corre contra las mujeres.

Otras parcelas de gasto público también son decisivas porque nos jugamos derechos fundamentales y libertades públicas. Así, son vitales para la democracia la defensa nacional o la financiación de procesos electorales y partidos políticos. Finalmente, tampoco podemos olvidar el territorio como parámetro, sumando las dimensiones local, autonómica, estatal y europea del gasto público. Todo esto es mejorable, pero en modo alguno prescindible.

En estos días de incertidumbres y ansias de dejar atrás una crisis demasiado duradera e injusta, el gasto público puede ser parte de la solución, si se sabe actuar con altura de miras y rumbo claro.
(publicado en La Voz de Asturias el 30 de junio de 2016)

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