lunes, 4 de diciembre de 2017

Fines y confines de la fiscalización en el sector público


En el número 70 de la revista Auditoría Pública publico un artículo de reflexión, con el título "Fines y confines de la fiscalización en el sector público". El número también incluye una entrevista a Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales de España.

Adelanto el resumen de mi artículo, en español y en inglés. El texto completo está aquí
Entre los aspectos positivos que deja la profunda crisis, se puede citar un cierto reconocimiento social de la fiscalización. A los tradicionales retos de comprobación del sometimiento de la actividad económico-financiera pública al principio de legalidad, se han venido a sumar nuevos objetivos operativos, financieros y de cumplimiento. Del mismo modo, la sociedad también exige a la fiscalización que abra sus focos de interés hacia temas como las ayudas públicas al sector financiero, la financiación territorial, el impacto de los beneficios fiscales, la prevención de la corrupción o los procesos de reorganización administrativa e institucional. En el trabajo se abordan estas cuestiones de forma sucinta, desde un triple enfoque: material (temas), competencial (instituciones) y técnico (procedimientos y normas).
Among the positive aspects left by the deep crisis, we can cite a certain social recognition of public auditing. To the traditional challenges of audit the subjection of public economic-financial activity to the principle of legality, new operational, financial and compliance objectives have been added. Likewise, the citizens also require the audit to open its focus to issues such as public aids to the financial sector, territorial financing, the impact of tax benefits, prevention of corruption or administrative and institutional reorganization processes. In the paper these issues are succinctly addressed, from a threefold approach: material (themes), competence (institutions) and technical (procedures and standards).

domingo, 3 de diciembre de 2017

Entrevista a Jesús Sanmartín Mariñas


Tengo el honor de haber podido hacer una entrevista de temas profesionales a Jesús Sanmartín Mariñas, economista asturiano, avilesino para más señas, auditor, asesor fiscal y presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales de España. La entrevista acaba de salir publicada en el número 70 de la revista Auditoría Pública.

No es mi "primera vez" en este género. Hace cinco años hice otra a Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública y, entonces, directivo de Liberbank. 

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Auditoría Pública.- Comencemos con algo de ironía. Ahora que la economía va bien, se crea empleo, la corrupción se persigue con eficacia, la recaudación aumenta y ya han pasado las fechas del 1 y del 12 de octubre, ¿sigue siendo necesaria tanta auditoría sobre el sector público o sería mejor relajar algo las exigencias de control?

El que me conoce sabe que me gusta utilizar la ironía en muchas facetas de mi vida, pero cuando la ironía hay que aplicarla a temas tan serios como los que me plantea, ahí me bato en retirada. Hay temas con los que es mejor no frivolizar.

Y ahora, contestando a la parte trascendente de su pregunta, por supuesto que sigue siendo necesaria tanta auditoría. En mi opinión es muy importante la existencia de la auditoría en el sector público, eso sí, con criterio y rigor, ya que entiendo que es la mejor manera de dar garantías a los ciudadanos de que la gestión de los recursos públicos se hace como se debe. Es importante tener en cuenta que el público en general exige un mayor control de la actividad pública, y digo yo, será por algo, por lo que si se consigue el propósito, estoy convencido en que se traducirá en una mayor confianza de los ciudadanos y eso provocará un efecto positivo en todos los sentidos.

Pero con esto no quiero decir que se implanten mayores exigencias de control, sino que lo más importante es que se planifiquen bien esos controles y que sean efectivos. De otra forma no tendría sentido ni darían los resultados esperados.

A. P.- Más en serio. ¿Qué papel deben desempeñar los auditores privados en la auditoría pública? En una hipotética normativa básica sobre esta cuestión, ¿qué prioridades se deberían contemplar?

Está claro que los auditores tenemos actualmente un gran reto por delante, pero a la vez muy ilusionante. Todos hemos oído o leído en numerosas ocasiones el propósito de los partidos políticos de que se realicen un mayor número de auditorías para controlar el sector público y luchar contra el fraude. Pues bien, con la publicación en 2017 del reglamento de control interno local, se pretende un avance significativo en el fortalecimiento del control interno de los ayuntamientos, sus organismos autónomos y empresas dependientes.

En mi opinión, uno de los aspectos más relevantes y novedosos en ese real decreto es el control financiero, ya que se obliga al interventor a que, en base a un análisis de riesgos, se establezca un plan anual de control financiero, añadiendo tareas adicionales, como son realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales locales, las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica, los fondos, los consorcios y fundaciones y las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local y con un mayor número de conceptos y tareas a asumir por parte de la función interventora.

Todos los auditores tenemos un nuevo reto por delante, ya que para ayudar en estas tareas, si como es previsible no existen recursos suficientes, las entidades locales podrán recabar la colaboración pública o contratar firmas privadas de auditoría. Estamos ante una nueva línea de negocio en el seno de las firmas privadas de auditoria y, por el potencial del sector público, de importantes dimensiones. No obstante, no debemos dejar de lado la dificultad añadida de este nuevo reto, que es la formación. Si la formación siempre ha sido un aspecto clave en auditoría, para este nuevo reto lo es aún más; las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen, por lo tanto, es imprescindible para desarrollar las actuaciones de auditoría en el sector público, un conocimiento y formación adecuado y especifico del personal de la firma asignado a estos clientes.

En definitiva, surge una nueva oportunidad de colaboración entre las entidades locales, los interventores y los auditores privados, con unas exigencias específicas y adecuadas, fundamentalmente en la formación de los auditores y de sus equipos de trabajo, lo que debería asegurar una mayor fiscalización del control financiero en la gestión estatal y autonómica. Como decía anteriormente, estoy convencido de que repercutirá en generar una mayor transparencia y confianza en el público en general.

A. P.- España tiene más de 8.000 municipios, la gran mayoría de ínfimo tamaño, pero en todo caso, integrantes del sector público local. A su juicio, ¿sería preferible racionalizar este mapa municipal o, en su lugar, mantenerlo inalterado, a cambio de reforzar sustancialmente la auditoría pública sobre estas entidades locales?

Me parece una buena pregunta pero yo voy más allá. Según un estudio reciente efectuado por el Consejo General de Economistas y FIASEP, en España hay 20.630 entidades del sector público, de las que 18.261 son del sector local. Pues bien, únicamente se auditan 1.719 entidades, es decir, el 8% del total. El gasto público con relación al PIB español ronda el 47%, por lo que queda claro que el sector público tiene un importante peso en la economía y, sin embargo, se realizan muy pocas auditorías en el mismo.

El problema aun es mayor si consideramos que el nivel de rendición de cuentas del sector público, es decir, no ya la realización de la auditoría externa, sino simplemente la presentación de la contabilidad oficial, es muy bajo. Me consta que el problema de la falta de rendición de cuentas no solo afecta a los pequeños municipios, ya que por tramos de población, de los que tienen más de 100.000 habitantes, creo que el 65% no rinde las cuentas anuales correspondientes y de los menores de 1.000 habitantes no rinden cuentas el 60%.

Considero que la racionalización que me plantea es un proceso muy complejo y de difícil ejecución, aunque todo es posible. Veo más factible mantenerlo tal cual y reforzar la actividad de la auditoría pública sobre estas entidades locales. Lo que está claro es que el panorama actual descrito no puede continuar en el tiempo si queremos conseguir los objetivos de transparencia y confianza en la población. El reto de reducir el número de municipios es tarea de gran calado político que necesitaría un consenso muy amplio en todo el país, y no digamos entre los vecinos afectados.

A. P.- La vigente Ley de Auditoría, aprobada en 2015, es clara al afirmar que la auditoría de entidades que forman parte del sector público debe regirse por sus normas específicas y que solo puede ser realizada por el correspondiente órgano de control interno, por el OCEX o por el Tribunal de Cuentas, según el caso. La norma dice además que los informes que pudieran emitir auditores privados no podrán identificarse como de auditoría de cuentas en sentido estricto. ¿Cómo se puede resolver esta problemática, por ejemplo, en las universidades públicas, donde tradicionalmente la auditoría privada ha venido siendo la tónica habitual?

Buena pregunta y tal vez yo no tenga la mejor de las respuestas pero le puedo dar mi opinión. Efectivamente, la disposición adicional segunda de la Ley 22/2015 enuncia que los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de entidades que forman parte del sector público se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de sus competencias y se rigen por sus normas específicas. Además, también se indica que los informes que pudieran emitir auditores de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no pueden identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.

Como bien sabemos, las universidades públicas españolas han venido realizando auditorías de cuentas, operativas y de gestión, por auditores privados o sociedades de auditoría en base a una serie de razones, como pueden ser, demanda social de mayor transparencia en la gestión pública, necesidad de auditar las cuentas anuales de los entes públicos educativos, necesidad de ampliar las actuaciones control, cubrir la insuficiencia de recursos de los que disponen los órganos de control de las administraciones públicas y por razones económicas y de eficiencia en la gestión de los propios órganos de control.

Es cierto que un auditor privado con la normativa actual no tiene potestad para realizar auditorías de cuentas anuales u otros estados financieros de entes públicos, a excepción de entes cuya naturaleza jurídica adquiera la forma de sociedad mercantil o de entidad sin ánimo de lucro. En los demás casos, como puede ser la auditoría de una universidad pública, los términos legalmente aceptados son la contratación de un auditor privado por un organismo interno de control para llevar a cabo una revisión limitada sin emisión de informe, que correspondería al órgano interno, o la colaboración con los OCEX donde por insuficiencia de medios, podrán recabar la colaboración de auditores privados que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine el propio OCEX.

Por lo tanto, entiendo que manteniendo cada uno sus competencias y siempre respetando la legislación vigente, hay margen suficiente para una adecuada cohesión entre los auditores privados y los organismos público de control.

A. P.- En general, ¿cómo valoraría usted el actual grado de colaboración entre los auditores privados y los órganos autonómicos de control externo (OCEX)? ¿Percibe o sugiere algún margen de mejora?

Naturalmente, percibo un grado actual de colaboración muy bajo, tal y como lo percibe todo nuestro colectivo de auditores, pero es algo que llevamos años demandando, puesto que entendemos pueden apoyarse en nosotros para el cumplimiento de los objetivos de control que se marquen. Estoy convencido de que juntos se pueden realizar grandes trabajos.

En mi opinión, destacaría que el papel del auditor privado en el ámbito del sector público va más allá de una colaboración con los órganos de control, ya que su trabajo puede proporcionar a los encargados de la gestión de los fondos públicos información y dictámenes sobre el estado de las diversas áreas de la entidad, como contratación administrativa, ingresos tributarios, concesiones, subvenciones públicas, costes de los servicios, legalidad presupuestaria, entre otras, que suponen un valor añadido importante al identificar problemas, realizar recomendaciones y hacer un seguimiento sobre los progresos y resultados.

En conclusión, entiendo hay mucho margen de mejora. La mezcla de los criterios y de las visiones de los auditores públicos y privados para afrontar los temas que usted me plantea, seguro que ayudará a buscar las soluciones más eficaces para la censura de las actividades desarrolladas por el sector público.

A. P.- Enlazando sus dos facetas profesionales de auditor y experto en tributación, ¿cree que se hace todo lo posible en España para prevenir y perseguir el fraude fiscal, más allá del necesario simbolismo de ciertos casos con personajes o futbolistas famosos? ¿Podrían los OCEX y el Tribunal de Cuentas contribuir más a esa tarea desde su función de fiscalización?

Naturalmente, todo se puede mejorar, pero se hace un esfuerzo constante en la lucha contra el fraude en varias direcciones: a través de controles a posteriori, como tradicionalmente se ha hecho y apoyándose en herramientas informáticas; incrementando la información y la explotación de la misma, como puede ser buen ejemplo el sistema inmediato de información que se ha empezado a aplicar en julio pasado; con medidas normativas para dar más facultades investigadores y recaudatorias a la Administración; y en el plano internacional, trabajando en la UE o la OCDE para aumentar el intercambio de información y en este mismo sentido con la firma de convenios bilaterales.

No sé si los OCEX y el Tribunal de Cuentas podrían contribuir más a esta tarea, supongo que lo que se puede pedir para ello es que remitan rápidamente información a las administraciones tributarias cuando tengan conocimiento de operaciones que pudieran dar lugar a regularizaciones fiscales.

A. P.- Siguiendo con la fiscalidad, ¿qué opina de las propuestas que ha formulado la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, en particular, acerca de la armonización de ciertos impuestos en toda España y sobre el llamado IVA colegiado o federal, para que las comunidades autónomas puedan decidir conjuntamente sobre el tipo impositivo?

En general el informe me parece correcto, si bien, supongo que por las circunstancias políticas, se limita a continuar prácticamente con la misma cesta de tributos ligada a la financiación de este nivel de gobierno, introduciendo solo pequeños cambios. En concreto, la recomendación de armonizar determinados impuestos como el Impuesto sobre Sucesiones, aunque no pone de acuerdo a todos los expertos, me parece correcta porque, si se ha llegado a la conclusión de que este tributo tiene sentido que forme parte de nuestro sistema tributario, se debe impedir la competencia a la baja. También parece razonable que las diferencias territoriales no sean escandalosas, aunque se pueda resentir de alguna manera la corresponsabilidad fiscal.

La decisión conjunta sobre el tipo autonómico en IVA, aparte de hacer más visible la participación de las comunidades en el impuesto, no creo que realmente aporte nada a efectos de corresponsabilidad fiscal, duda que, por otra parte, ya se explicita en el mismo informe.

A. P.- Pasando al ámbito local, ¿en qué modo se podría reformar el llamado impuesto municipal de plusvalías? Por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre el impuesto sobre estancias turísticas que ha propuesto la Comisión de expertos para la reforma de la financiación local?

Llama la atención que la reforma propuesta por los expertos de este impuesto sea diferente a la que conocemos a través de un anteproyecto de ley que se ha elaborado en el Ministerio de Hacienda. Desde luego, la propuesta por los expertos nos parece muy correcta técnicamente, al pasar a establecer un impuesto a cuenta del IRPF.

El impuesto sobre las estancias turísticas es ciertamente polémico y en un país como el nuestro, tan dependiente del turismo, su implantación siempre va a ser más delicada. De todas formas, además de que la recomendación de su implantación se sustenta en sólidos argumentos como la capacidad económica, el sostenimiento de los servicios públicos de los que disfruta el turista, motivos medioambientales y el derecho comparado, es buena idea que tenga una regulación armonizada en todo el territorio y, asimismo, se debe tener en cuenta que su implantación sería potestativa, por lo que los municipios que consideren que será perjudicial para el turismo no tienen obligación de establecerlo.

A. P.- Tradicionalmente, los OCEX y el Tribunal de Cuentas han prestado menor atención al control de los ingresos, frente al control del gasto. ¿Ve necesario reforzar esa tarea de fiscalización sobre la gestión tributaria, la inspección y los presupuestos de beneficios fiscales?

Creo entender el planteamiento de su pregunta y, en ese sentido, le diré que más que reforzar la fiscalización de las áreas que usted me sugiere en relación con los ingresos, yo lo enfocaría en la búsqueda de unos sistemas eficaces de recaudación de los ingresos tributarios. No puedo entender cómo muchísimos ayuntamientos tienen un volumen de deuda tributaria sin cobrar de elevada cuantía. Por tanto, más que fiscalizar la gestión tributaria y la inspección, que nunca está de más, yo me inclinaría por, en una primera fase, dotar a una parte del sector público de unos sistemas ágiles y eficaces para el cobro de las deudas tributarias.

A. P.- Volvamos al principio de la crisis. Con relación a los bancos y su responsabilidad, ¿le parecen adecuados los tributos sobre transacciones financieras, depósitos bancarios o actividad financiera? En su caso, ¿qué nivel de gobierno –local, autonómico, estatal o supranacional- sería el más adecuado para establecerlos?

Los tributos, en definitiva, tienen una finalidad fundamental: recaudar recursos para atender el gasto público. Estos impuestos sobre las transacciones financieras pueden cumplir con ese fin, además de contribuir a reducir los movimientos especulativos en los mercados financieros.

No obstante, teniendo en cuenta que el funcionamiento de los mercados tiene que ser dinámico porque a través del mismo se mueve la economía productiva, me parece importante que, si se implantan, debería hacerse con carácter general y, si es posible en el ámbito internacional. Por lo tanto, aunque la recaudación se puede asignar a cualquier nivel administrativo, estatal, autonómico o local, en este caso no pienso que sería deseable otorgar capacidad normativa a los municipios a las autonomías, porque se crearían diferencias que producirías disfunciones en los mercados.

sábado, 2 de diciembre de 2017

Rigor y valentía


Quienes me conocen saben que no me gustan los indiferentes, esos a los que aparentemente todo les da igual, pero que cuando una decisión ya está tomada, son los que más protestan. Lo que trato de decir es que no conviene ser un osado en exceso, pero tampoco un falso prudente que está siempre al acecho, nunca se moja y siempre guarda una crítica destructiva para los que sí apostaron por algo o por alguien.

José María Urbano siempre ha creído en Avilés. El “grande”, no el que queda limitado por una estrecha frontera concejil que hace ya mucho tiempo dejó de estar vigente en la realidad cotidiana. Ahora le llega el momento de cambiar de aires y de tener más tiempo libre, aunque seguro que seguirá escribiendo, como siempre ha hecho. Dar información sin rigor equivale a redactar soflamas; opinar sin criterio o evidencia viene a ser lo mismo que plantar castillos en el aire. A los que nos gusta darle al lápiz, al bolígrafo, a la tecla o la aplicación de dictado de textos, no dejamos de hacerlo porque el DNI sume años.

El otro día leí una frase que podemos aplicar a Urbano. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, decía el escritor mexicano Juan Villoro que Fernando Savater, al igual que Octavio Paz, “ha tenido el atrevimiento de tener la razón demasiado pronto, cuando esa razón todavía no es popular”. Lo remataba de la siguiente forma: “es el sentido común del futuro escrito desde el presente”. Pues bien, salvando un océano de distancia, creo que José María tiene algo de eso. Lo ilustraré con dos ejemplos.

El primero, la defensa cerrada que La Voz de Avilés hizo y hace del Centro Niemeyer, desde que era solo un proyecto, pasando por la etapa de su brillante inauguración y sus primeros años de éxito, pero también cuando luego fue atacado y, finalmente, cuando se sobrepone a sus problemas y enfila el futuro con optimismo y medida ambición. No todos los periódicos, ni todos los opinadores, ni todos los responsables políticos estuvieron a la altura (estoy siendo generoso, es evidente). Pero La Voz de Avilés, con Urbano, sí. Sin dudas, sin vacilaciones y sin miedos, para defender lo que era y sigue siendo muy bueno para Avilés y para Asturias, frente a la potente competencia exterior y frente a algunos de los nuestros.

El segundo ejemplo es el de la Comarca de Avilés. Mientras Urbano ejerció en la redacción del diario, el discurso comarcal siempre estuvo presente, como cuando presentamos en 2013 en el Aula de Cultura de La Voz de Avilés –imposible no dar las gracias también a Armando Arias- el libro sobre el régimen local editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos. Urbano habló allí y pronunció la frase que mejor resumía lo dicho por los participantes: “hay una labor de pedagogía acerca de las ventajas de la comarcalización que ya está hecha. Son los políticos los que deben dar el paso”. Resonaban aquellas otras palabras tan importantes de Adolfo Suárez en la Transición: “elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Pues bien, ¿por qué no lo hacen?

Hay que seguir reivindicando las “buenas noticias”, ahora más que nunca. Pero muchas de ellas, la inmensa mayoría, no acontecen solas, ni caen del cielo. Hay que salir a buscarlas y pelearlas frente a criticones, negativistas o agoreros. Que así sea. Suerte.

Publicado en La Voz de Avilés el 2 de diciembre de 2017


jueves, 23 de noviembre de 2017

Entusiasmo y teatro


Estamos en plena celebración por los primeros 25 años de la segunda vida del Teatro Palacio Valdés. Un joven con historia, podríamos decir, aunque más bien un resucitado. Lo que se reinauguró en 1992 no fue solo el viejo escenario, con el clásico telón y las elegantes butacas de patio, platea, palco y gallinero. Fue todo eso y algo más: un verdadero renacimiento que entusiasmó a toda una ciudad y sus gentes, solo vivida años después, con el Centro Niemeyer.

Para los guajes de mi generación, el Teatro Palacio Valdés no era más que una fachada impresionante, pero negruzca y con cristales rotos, en una calle estrecha y llena de coches. En la familia escuchábamos recuerdos de actuaciones de grandes artistas, películas o bailes, pero que en el mejor de los casos se remontaban a varias décadas atrás. Era ya más leyenda que realidad. Por eso fue tan impactante la entrada por primera vez al “nuevo” teatro. Era un sueño cumplido. Un símbolo para una nueva era, ligando el Avilés feliz de los años 20 con el que miraba al siglo XXI y quería dejar atrás la reconversión industrial (también se cumplen ahora 25 años de la Marcha de Hierro, no lo olvidemos).

Sigue dando vértigo pensar en las alternativas manejadas para la rehabilitación. Una, la construcción de un edificio de nueva planta, relatada por Vidal y Juan Carlos de la Madrid en su libro, lo cual equivaldría a perder la belleza exterior e interior del arquitecto Manuel del Busto. La otra era aún peor, como acaba de traer a la memoria Armando Arias, ya que implicaba la demolición total y la parcelación para hacer pisos. Menos mal que la inteligencia triunfó.

Juan Luis Rodríguez-Vigil, a la sazón, presidente del Principado de Asturias, destaca ese resultado, producido gracias a la estrecha cooperación entre administraciones públicas (local, autonómica y estatal), de la cual solo pueden salir beneficios, igual que en las mismas fechas la Casa de la Cultura o el inicio del saneamiento integral, el cual transformó la ría, desde el estado de cloaca, hasta el de columna vertebral del futuro. Frente a la desidia o la confrontación abierta, la colaboración es siempre una mejor solución. Tampoco se nos debe olvidar el empuje de la sociedad civil avilesina, incluyendo manifestaciones y recogidas de firmas que, en definitiva, buscaban recuperar lo que nunca se debía haber dejado llegar a la ruina.

Son 25 años de éxitos y el espectáculo debe continuar. El Teatro Palacio Valdés no es una escultura hueca o un edificio vacío. Es un teatro “con alma”, como le gusta repetir a Mariano Martín. Un espíritu bastante corpóreo, donde siempre ha tenido mucho que ver la mano de Antonio Ripoll y su equipo, consolidando una programación de lujo, referencia en España y en el mundo, accesible para el gran público y, todo ello, sin perder de vista la factoría asturiana y la cantera escolar.

En Avilés se dan la mano Bances Candamo, Palacio Valdés y Niemeyer en sus respectivos templos de la cultura y el arte. Así debe seguir siendo. Literatura, música, pintura, escultura, arquitectura, danza, cine, progreso, economía, empleo. Casi nada. Ya solo podemos crecer, pero necesitamos apellidos que ayuden en su tarea a las administraciones públicas, como hicieron los indianos a principios del siglo XX o hacen los Botín a Santander hoy en día. Mittal, ¿estás ahí?
 

Publicado en La Voz de Avilés el  23 de noviembre de 2017


martes, 21 de noviembre de 2017

Forales que no aportan


Se ha dicho y escrito hasta la saciedad: "las comunidades de régimen foral gastan en 2016 por unidad de necesidad en torno a un 30% más que las de régimen común y se han alejado de ellas desde 2007 en su nivel de gasto por habitante ajustado". Por ello, en el sistema de financiación de régimen común "las transferencias verticales también deberían financiarse mediante las aportaciones de las comunidades forales necesarias para nivelar los recursos de todas las comunidades para servicios públicos fundamentales por habitante ajustado, actuando como vehículo para la contribución de las primeras a la solidaridad interterritorial". Se encuentran similares tenores en otros trabajos, pero son importantes estas dos citas textuales, por su fuerza, ya que aparecen en el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del modelo de financiación autonómica (páginas 28-29 y 41, respectivamente).

Para el común de los mortales, digámonoslo de otra manera: las comunidades de régimen foral disfrutan de un privilegio financiero que se deriva, no del uso de un legítimo sistema de Concierto (vasco) y Convenio (navarro), sino de su abuso y falta de transparencia. ¿Por qué? Las razones, políticas, provienen de la Transición, pero ya duran 40 años, cuando es evidente que las circunstancias objetivas no tienen hoy nada que ver. Si entonces había problemas muy serios que podían recomendar ciertas excepciones, hoy dichas desventajas han desaparecido y, en cambio, han germinado agravios comparativos, aderezados con un funcionamiento desleal y oscurantista de las relaciones financieras bilaterales. Es curioso comprobar cómo desde el lado foral se escucha a los representantes políticos hablar de riesgo unilateral, eficiencia y solidaridad. ¿Cómo es posible tamaña divergencia, no ya financiera, sino incluso en el lenguaje?

El citado Informe de expertos, en ocasiones más ambiguo, aquí es meridianamente claro y contundente, cuando recomienda desactivar "el foco de inestabilidad institucional que existe en este ámbito, derivado de la desigualdad de recursos y gastos" (página 42). Hasta se pone cifra a la aportación: 2.600 millones de euros al año (páginas 51-52). Pues bien, los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de los Diputados, pactados bilateralmente con el PNV al mismo tiempo que la Comisión de Expertos desarrollaba sus trabajos, van en sentido contrario o, más bien, en dirección equivocada. Nos estamos jugando la equidad y "la estabilidad institucional del Estado de las Autonomías" (página 66).

La Constitución no prohíbe la diferencia, pero sí los privilegios económicos y sociales. ¿Acaso la disposición adicional primera tiene más fuerza que el artículo 138.2 u otros preceptos que hablan de solidaridad? Los hechos son tozudos y parecen indicar que así ha sido hasta ahora y, por desgracia, así seguirá siendo, al menos, otro quinquenio más. Recordemos que la citada disposición constitucional "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales [...] en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Nada menos, pero ojo, nada más. El desarrollo posterior y, en concreto, el cálculo del cupo y de la aportación, dependen de acuerdos políticos y de leyes ordinarias. Y estos han ido siempre en el mismo sentido, con gobiernos de un signo o de otro, en mayoría o en minoría, con trasfondo terrorista o sin él.

Hasta el procedimiento de ley paccionada, tradicional, pero no obligatorio, parece en este momento muy poco aceptable, puesto que convierte a las Cortes Generales casi en un parlamento de papel, sin apenas capacidad de enmienda (si no es a la totalidad, lo cual dificulta mucho el acuerdo). Como también pedimos los expertos, las leyes del cupo y de la aportación "deberían contener un anexo detallado en el que se recoja toda la información relevante para el cálculo [...] y estar sujetas al procedimiento habitual de discusión y enmienda" (página 81 del Informe).

En definitiva, la maldad debe cambiar de bando. O se aprueba -y se impone por ley- la contribución de las comunidades forales a la solidaridad interterritorial, o el Gobierno de España debe decir qué impuestos va a subir o qué servicios va a recortar para cubrir esa laguna seca que deja la nueva rebaja del cupo.

Por cierto, quizás sea yo, pero detecto un agotamiento académico de este tema (al menos desde una parte), una cierta desidia técnica y una resignación política amplia. Y no me gustan.

Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 21 de noviembre de 2017 
Publicado en El Comercio el 23 de noviembre de 2017


sábado, 18 de noviembre de 2017

Mover la pota


Siempre hay otras cosas por hacer. Los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Dos obviedades que aprendemos bien pronto como personas y que a los economistas nos graban a fuego desde el primer día de clase en la facultad. Mis abuelas lo tenían muy claro: gastar lo que tienes, endeudarte con mesura y, en ambos casos, siempre para los mejores usos posibles.

Gobernar es elegir, no solo ser elegido una y otra vez. Si la Economía es la ciencia de la escasez, la Política debe ser el Arte de la negociación. Y cuando ya se han ganado las elecciones, lo mejor que se puede hacer es cumplir las promesas, pero no solo eso, sino también impulsar actuaciones y apoyar las buenas ideas de la sociedad civil. Mover la pota de vez en cuando para que el cocido oxigene y no se apelmace por dejadez.

El poeta Dante quiso enviar al vestíbulo del infierno a los indiferentes, por cobardes que evaden su responsabilidad o simplemente no la quieren asumir. Estamos viendo ejemplos estos últimos días. Y no, no estoy hablando de Cataluña. Esto es el Bajo Nalón.

Podríamos preguntarnos por qué no tenemos la pasarela construida hace años entre San Esteban y L’Arena, o por qué la carretera entre este pueblo y el aeropuerto, atravesando Ranón, sigue siendo de poca anchura y mucho peligro, sin una simple acera en todo su recorrido. Dos ejemplos de obras muy necesarias que deben iniciarse cuanto antes. Ambas. ¿Por qué elegir, si las dos están ya comprometidas y son apoyadas por la gente?

Cuando nos enteramos de la reunión que tuvieron el alcalde de Soto del Barco y la alcaldesa de Muros del Nalón con el presidente del Principado de Asturias y el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la alegría fue grande. Por fin se viajaba a Oviedo a pedir cosas sensatas y justas para el Bajo Nalón. Por fin se daba un compromiso personal –ahora falta el presupuestario- para que la pasarela se pueda llevar a término, además de otras actuaciones. Y por fin –aunque más bien por desgracia- veíamos otra vez como poco después se hacía el silencio en los ayuntamientos, en lugar de tirar voladores para celebrar el histórico anuncio. Con prudencia y vigilancia, faltaría más, pero con lógica alegría. La Plataforma por la Pasarela del Bajo Nalón sí lo celebró. En cambio, ese jueves volvió a amanecer un día normal en los consistorios, como siempre. Por cierto, sigo sin encontrar a nadie que se oponga a la pasarela con argumentos que no sean el insulto o la babayada. Y sabemos de sobra que en este tema la abstención no suma en positivo. Toca apoyar sin dudas y sin fisuras.

Renovarse o morir. La escasez de recursos no tiene por qué estar reñida con la ilusión de la gente. Sobre todo cuando lo único que hay que hacer es subirse a un tren que pilotan otros.

Publicado en La Información del Bajo Nalón el 18 de noviembre de 2017 (versión digital: 4 de diciembre)

lunes, 6 de noviembre de 2017

Comparecencia parlamentaria sobre financiación autonómica

http://videoteca.jgpa.es/library/items/comision-hacienda-sector-publico-2017-11-06?part=4d7cc89c-6a88-47f5-bdfa-8b71a3c16339&start=10434

Este lunes he comparecido en la Comision de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias, a solicitud del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo, para informar sobre los trabajos de la Comisión de Expertos, los avances en el nuevo modelo de financiación autonómica, la situación actual y la posición mantenida por los representantes de Asturias al respecto.

En este ENLACE están el vídeo, el orden del día y la transcripción de las intervenciones. 


domingo, 5 de noviembre de 2017

Informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera


Acaba de ver la luz el informe titulado Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, editado por GEN+, dentro de una serie de documentos que tratan de arrojar luz a la discusion sobre la reforma de la financiación autonómica. Hemos sido ponentes Ana Herrero Alcalde y yo mismo, coordinados por Santiago Lago Peñas. También han colaborado en el equipo de trabajo José Caamaño Alegre, Jorge Martínez Vázquez, Carlos Monasterio Escudero, Jorge Onrubia Fernández, Javier J. Pérez García y Maite Vilalta Ferrer.

El endeudamiento constituye una fuente de financiación para los gobiernos subcentrales, con sólido apoyo teórico, empírico y constitucional. Sin embargo, por motivos macroeconómicos, existe también una necesidad de armonizar esa libertad de endeudamiento con el cumplimiento de unos objetivos agregados de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El informe apunta varias líneas de mejora y reforma, así como conclusiones derivadas de los resultados de una encuesta a personas expertas, cuya contundencia en algunos casos orienta posibles recomendaciones de actuación.


PRENSA: El Confidencial / Economía en Galicia / Catalunya Press



jueves, 5 de octubre de 2017

Entrevista en Canal 10


Entrevista completa de 45 minutos en el programa La Lupa de Canal 10, dirigido por Juan Neira, sobre el informe de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Periodismo y unión para el Bajo Nalón


Firma aquí un colaborador con el dudoso honor de haber escrito o haber sido entrevistado en varios periódicos asturianos que pocos después cerraron (en algunos, incluso, en su último número). Me refiero a La Voz de Asturias (histórica cabecera, por fortuna, recuperada en formato digital), Les Noticies (semanario íntegramente en asturiano) o El Norte Económico (experiencia única de periódico económico editado en Asturias). Por eso es una alegría que nazca una nueva publicación en papel, ya saben, ese formato tan antiguo en el que se imprimen textos, fotos y dibujos, donde algunos nos sentimos muy cómodos. En este caso, La Información del Bajo Nalón da continuidad a la edición digital que ya funcionaba desde hace un tiempo, lo cual es una buena prueba de que la idea marcha y que sus promotores quieren ir a más. Enhorabuena.

Que el mundo es global es un hecho, pero que nuestro pueblo y nuestra comarca nos importan, no es menos cierto. Nos tienen que interesar el misil de Corea del Norte o el proceso de Cataluña, cómo no, pero también el estado de la depuradora cercana, el asfaltado de la calle o la bandera azul de nuestras playas. Personalmente, me gusta mucho este concepto de “glocal”, atribuido a Juan Cueto Alas, asturiano ilustre y, por cierto, también autor del exitoso nombre de Puerto Norte, como confesó Juan Luis Rodríguez-Vigil, padre político de ese proyecto integral de desarrollo para el Bajo Nalón.

El periodismo de cercanía es un lujo en estos tiempos que corren, ya que muchas veces perdemos de vista lo que tenemos delante. Para cubrir esa laguna y hacerlo con agilidad están publicaciones como La Información del Bajo Nalón. Como decía el economista alemán Schumacher, “lo pequeño es hermoso”.

El Bajo Nalón es un paraíso dentro del Paraíso. Y no lo digo solo yo; lo tiene escrito en uno de sus poemas nada menos que el Premio Nobel de Literatura irlandés Seamus Heaney, un asiduo de la zona hasta que nos dejó en 2013. Por cierto, aprovecho para reclamar un homenaje a esta figura que tanto promocionó la comarca, igual que un siglo antes lo hiciera otro ilustre poeta como Rubén Darío. Podría ser una calle con su nombre o cualquier otra distinción similar, porque ya sabemos que de bien nacidos es ser agradecidos.

En el Bajo Nalón estamos rodeados de belleza y riqueza natural, con montes, playas, ríos y puertos, ubicados en el mismo centro de Asturias, a pocos minutos por autovía de las ciudades y con el aeropuerto aquí mismo, lo que nos coloca a una hora de Madrid y a muy poco tiempo del resto del mundo. Este inmenso potencial no se puede minusvalorar ni desaprovechar.

Pero mejor que vivir ensimismados o cerrados, una de las peores tentaciones de los pueblos, tenemos que abrir mentes y, también, por qué no decirlo, exigir lo que nos merecemos. La ambición, cuando es sana, no es mala en absoluto. Hay muchas cosas pendientes, pero tengo que destacar una vez más la que tanto tiempo está costando que salga, refiriéndome a la pasarela que debe unir L’Arena y San Esteban, por muchísimos motivos, pero que podríamos resumir en dos palabras: comunicación y turismo. En suma, beneficios para vecinos y visitantes. Creo de verdad que ya toca hacer esta infraestructura que, encima, ni siquiera tiene por qué ser cara. Cuando viajamos por la Autovía del Cantábrico y vemos en la Concha de Artedo un puente sobre otro puente, se nos cae el alma a los pies, pensando en el dinero público gastado, para que uno de los viaductos esté ahora de pegote. Mientras, la necesaria pasarela del Bajo Nalón sigue pendiente.

En el Bajo Nalón, en Pravia, estuvo en tiempos la capital del Reino de Asturias. Hoy, sin embargo, los tres concejos viven su particular declive demográfico y económico, aunque no es menos cierto que se empieza a palpar una ilusión que no había hace unos pocos años. La gente empieza a valorar lo que tiene, como siempre debió ser, pero ahora más, ya que en caso contrario, otros nos ganarán por la mano. Así las cosas, ¿por qué no se explora en serio la idea de formar un único ayuntamiento? Sería un ejemplo de libro para Asturias. Tenemos la unión física (el río), la unión vecinal (peleíllas menores aparte), la unión económica (somos totalmente complementarios) y solo nos faltaría la unión política y administrativa. Llegaríamos entonces a unos 15.000 habitantes, tendríamos más voz y se podría acceder a mayor financiación para los servicios públicos. ¿Nos atrevemos? Tenemos fácil hasta el nombre de consenso: Bajo Nalón.

Publicado en La Información del Bajo Nalón el 21 de septiembre de 2017 (versión digital: 12 de octubre)