miércoles, 29 de abril de 2015

Descentralización y control externo a debate en Oviedo

www.sindicastur.org

La riqueza de las regiones depende –también- de la calidad de sus instituciones, de la transparencia en la gestión pública y de eso que ahora pomposamente se conoce como “buen gobierno”. Los órganos de control externo (OCEX) –llamados tribunales, sindicaturas, audiencias, cámaras o consejos de cuentas, según el caso- son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los principios básicos de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en materia económica, presupuestaria y financiera, así como de recomendar medidas y reformas que coadyuven a tan nobles fines. Por cierto, muchas de esas recomendaciones fueron ya formuladas hace años y de forma reiterada por los OCEX, antes de que la actual crisis se las descubriese a algunos gestores y a buena parte de la ciudadanía, demostrando lo importante que es “el control público sobre lo público”. Sobre esta cuestión del grado de seguimiento de las recomendaciones hablaremos otro día, si hay ocasión.

El desarrollo del Estado de las Autonomías ha supuesto el despliegue de un entramado institucional en cada una de las comunidades autónomas que, dentro de un marco común, responde a lógicas preferencias diferenciadas entre territorios, en este caso, sobre su propio nivel de autogobierno. En el caso concreto de los OCEX, el panorama es fiel reflejo de esa diversidad, algo consustancial a la autonomía de regiones y nacionalidades que consagra la Constitución. Algunas CCAA como Navarra, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía y Canarias cuentan con sus OCEX desde la década de los ochenta del siglo pasado. En una segunda oleada constituyeron estos órganos las comunidades autónomas de Madrid, Illes Balears, Castilla y León, Principado de Asturias y Aragón. Por el medio, hubo de todo. Castilla-La Mancha disfrutó de su Sindicatura de Cuentas entre 1994 y 2014, año este último en el que el Gobierno de esa comunidad autónoma decide su supresión y el parlamento ratifica por mayoría dicha decisión. El Estatuto de Autonomía de Extremadura contempla la creación del Consejo de Cuentas, pero a la fecha aún no ha sido constituido. Finalmente, en Cantabria, Murcia, y La Rioja, el OCEX “ni está ni se le espera”.

En resumen: a comienzos de 2015 hay 12 OCEX en activo, conviviendo con el Tribunal de Cuentas, con el cual se coordinan sus trabajos, en el marco de lo que disponen sus respectivas legislaciones. La supuesta duplicidad no existe, habida cuenta de que el alcance de los informes de los OCEX autonómicos es mucho más amplio en la práctica (que no en la teoría) al del Tribunal de Cuentas, una institución que necesitaría multiplicar sus recursos materiales y humanos para siquiera igualar la “producción” de informes de fiscalización. Por tanto, ese hipotético ahorro se diluye y, todo ello, sin computar las mejoras indirectas en la gestión pública que se derivan de la acción fiscalizadora, en tanto que valor intangible que no debe confundirse con el “precio” de su coste presupuestario. Y con respecto a la ineficiencia en los trabajos de los OCEX, dado que es este un concepto relativo, no se puede formular en abstracto, si se pretende ser riguroso. Es evidente que siempre habrá margen de mejora, pero tratar de inducir una decisión tan grave como la supresión del órgano a partir de indicadores imperfectos (por definición), conduce a resultados muy poco deseables. Esa y no otra era la intención del famoso Informe CORA, cuya víctima propiciatoria ha sido la ya extinta Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

Pues bien, de todo esto y de cuestiones concretas relativas a la estabilidad presupuestaria, la reforma local, la política autonómica, la gestión de la universidades públicas, los desafíos de las nuevas normas de contabilidad y auditoría pública, así como de las principales novedades informáticas y tecnológicas, se debatirá en Oviedo los días 18 y 19 de junio de 2015, en el marco de los XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico de los OCEX. El evento está organizado por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y toda la información está disponible en la web www.sindicastur.org.

El plazo para el envío de comunicaciones finaliza el 15 de mayo y la inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de mayo. El programa oficial se completa con una serie de visitas y eventos culturales de alto interés para quienes recalen en Asturias esos días. La participación mayoritaria será de técnicos del control externo, como parece lógico, pero el congreso también está abierto a cualquier persona del ámbito universitario, del control interno, de empresas privadas de auditoría y, en definitiva, a todo aquel con interés profesional o académico en la gestión pública y en su fiscalización, más aún, si a ello se añade la vitola de análisis territorial que envuelve este blog y a la propia AECR.

Si os apetece, ¡nos vemos en junio en Oviedo!


Publicado en el blog de ABC-AECR «La riqueza de las regiones» el 29 de abril de 2015

sábado, 11 de abril de 2015

Deuda centenaria e hipocresía

Con los últimos datos conocidos y con las previsiones en vigor, todo indica que 2015 será el año en que la deuda pública española alcance el umbral simbólico del 100% del PIB. No estábamos en esas cifras relativas desde la primera década del siglo XX, claro que entonces volvíamos de una guerra en Cuba y padecíamos unas circunstancias políticas y socioeconómicas bien diferentes.

Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la frontera del 100% tiene importancia en sí misma porque ya son varios países en el mundo los que la han superado o están en trance de hacerlo a corto plazo. También es una referencia elevada en perspectiva histórica, ya que sólo se rebasa en unas pocas observaciones en el registro de las economías avanzadas. Y, quizás lo más relevante, sugiere que “las fuerzas políticas y económicas” (sic) no ejercen una presión suficiente a la baja sobre la deuda pública hasta que se alcanza ese nivel, postergando y dificultando el ajuste, como demuestra la evidencia empírica internacional.

Numerología al margen, lo relevante para España no es tanto el volumen de deuda en un momento dado, como su sostenibilidad futura o un pago acelerado –intereses incluidos- que pueda poner en peligro el margen disponible para financiar los servicios públicos con un nivel razonable de calidad. Todo esto depende crucialmente del crecimiento económico, la inflación y los tipos de interés, a su vez, condicionados por variables exógenas como el precio del petróleo, la política monetaria o la demanda turística extranjera, entre otras.

De España sí dependen –aunque tampoco en exclusiva- sus propias instituciones presupuestarias y reglas fiscales. La normativa vigente recoge límites muy estrictos al déficit estructural de las Administraciones Públicas y a la ratio de deuda/PIB. También prevé la “prioridad absoluta” de la carga de la deuda, con algunas consecuencias nefastas que ya hemos conocido, por un excesivo fervor en su aplicación literal.

Sobre la deuda se ha asumido que el 60% debe ser lo máximo y que cualquier referencia inferior será tanto más deseable cuanto más reducida. Es lo que determina el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (alias, “Pacto Fiscal”). Pero, por analogía, sabemos que el exceso de grasa en el cuerpo humano es muy poco saludable, aunque peor todavía es su carencia, ya que produce inanición.

La realidad es tozuda. No hay duda de que el 60% que prevé la ley es inalcanzable en 2020 e incluso se puede aventurar que será muy difícil bajar hasta ahí en la década siguiente. De igual modo, resulta casi seguro afirmar que muy pocas comunidades autónomas lograrán situar en ese año la deuda por debajo del 13% de su PIB, cuando al cierre de 2014 algunas triplican esa magnitud. ¿Por qué entonces esta hipocresía fiscal? Decía Einstein que “nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley de un país que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir”.

¿Por qué no se acomete ya una flexibilización de los objetivos de déficit y deuda, por supuesto, acordada con nuestros socios europeos? ¿Por qué no se reforma la financiación autonómica y local, clarificando y estabilizando el reparto de ingresos entre niveles de gobierno? ¿Por qué no se definen como excepcionales los mecanismos extraordinarios, caso del Fondo de Liquidez Autonómico o los rescates internos? ¿Y por qué no se aprovecha para coordinar una eficaz política de impulso económico, subiendo a la ola del “Plan Juncker” y de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo?

En suma: endeudamiento sostenible, sin umbrales supersticiosos, con transparencia y control. Deuda razonable, pero que no tienda a cero, salvo que por motivos dogmáticos se pretenda recortar el gasto o subir los impuestos de forma desorbitada. Austeridad se opone a derroche, no a crecimiento.

No se debe renunciar a planificar el futuro cuando tenemos cifras dramáticas de paro y pobreza, así como un modelo económico alternativo por desarrollar.

Publicado en Cinco Días el 11 de abril de 2015


jueves, 2 de abril de 2015

Reconocimientos y calles


En Oviedo diseñan un pomposo “paseo de la excelencia”. En Gijón andan a la carrera inaugurando calles con nombres de ilustres convecinos (hace unos días, Quini). En Avilés la alcaldesa ha acertado al proponer –y el Pleno al ratificar por unanimidad- la Medalla de Oro de la ciudad a Daniel Alonso, en base a sus méritos empresariales, valores humanos y compromiso con la sociedad local, tal y como reza el expediente de concesión.

Aquí contamos con la ventaja no tener que construir ningún paseo porque tenemos un casco histórico que es el mejor “continente” que se puede desear. El “contenido” lo tendríamos que decidir colectivamente, aunque ya se sabe que no siempre es fácil el acuerdo. Mejor hacer propuestas argumentadas que no someter a escarnio público o a votación en Internet cosas o personas que son patrimonio del conjunto.

¿Qué personajes tendrían que tener su firma –real o figurada- en el cemento, al modo hollywoodiense? Algunos son obvios: Carreño Miranda, Pedro Menéndez, Palacio Valdés, Julián Orbón, Bances Candamo, Sánchez Calvo o Fernando Morán. Todos tienen ya calle, plaza o edificio. ¿De qué ámbitos concretos? El mundo del deporte es muy popular, pero no siempre es el más merecido para los reconocimientos, condicionados por “el último que llega” y el terruño, olvidando valores y logros de alcance universal (véanse algunos desacertados Premios Príncipe de Asturias en la categoría). De ciencia andamos algo más escasos y, además, con la desventaja de que un investigador en su despacho es menos morboso o mediático que un medallista olímpico o un futbolista. Esto debe cambiar.

Al menos, hay dos instalaciones avilesinas que claman por un nombre más adecuado a su importancia: el Instituto Nº 5 y el Complejo Deportivo Avilés. No seré yo quien se atreva a hacer propuestas; ya hay algunas y buenas formuladas en público.

Otra cosa que no es justa: sólo el 8% del callejero de Avilés lleva nombre de mujer, incluso contando el especial esfuerzo que hizo el Ayuntamiento en el nuevo Quirinal y en Valgranda. No incluyo calles como La Libertad, La Paz, La Amistad o La Concordia, valores en femenino, como tantas otras cosas buenas. Este rumbo también tiene que virar, para ir corrigiendo una injusticia histórica.

Última nota. Los homenajes en vida saben mejor, para quien los recibe y para quien los otorga, ya sea a través de honores municipales, premios (por ejemplo, los de LA VOZ DE AVILÉS) o galardones con solera (Sardinas de Oro). En este país se orilla a mucha gente valiosa en plenitud y se les valora demasiado cuando mueren.


Publicado en La Voz de Avilés el 2 de abril de 2015